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URUGUAY Y EL TISA

- ¿POR QUÉ URUGUAY SE INTEGRÓ AL TISA EN SECRETO?
Articulo de Antonio Elías (Semanario Voces, 26/03/15)

- ÁBRETE SÉSAMO
Articulo de Natalia Uval (la diaria, 27/03/15)

- ANTECEDENTE I:

¿POR QUÉ URUGUAY SOLICITÓ INTEGRARSE AL TRADE IN SERVICES AGREEMENT?
Articulo de Antonio Elías (Semanario Voces, 10/07/14)

- ANTECEDENTE II:
¿POR QUÉ URUGUAY SOLICITÓ INTEGRARSE AL TRADE IN SERVICES AGREEMENT?
(SEGUNDA PARTE: LA RESPUESTA DEL GOBIERNO)
Articulo de Antonio Elías (Semanario Voces, 24/07/14)

- ¿POR QUÉ URUGUAY SE INTEGRÓ AL TISA EN SECRETO?
Articulo de Antonio Elías (*) (Semanario Voces, 26/03/15)


¿Por qué Uruguay se integró al Trade in Services Agreement (TISA) en secreto?
“Una vez que los espacios de la periferia fueron incorporados a las relaciones capitalistas de producción, el imperialismo siguió avanzando más allá de los límites impuestos por la geografía mediante la mercantilización de sectores de la vida económica y social antaño preservados al margen de la dinámica predatoria de los mercados, como los servicios públicos, los fondos de pensión, la salud, la educación, la seguridad, las cárceles y otros por el estilo”. Atilio Boron (1)

Uruguay ingresó al Trade in Services Agreement (TISA) sin que exista una discusión nacional sobre la conveniencia o inconveniencia de este acuerdo de libre comercio de servicios. Una medida que demuestra las grandes debilidades del gobierno de José Mujica en lo que refiere a su política de inserción internacional y a la transparencia de sus acciones. Teniendo en cuenta el modelo económico que se aplica en el país y lo señalado en artículos anteriores sobre el TISA (2).

En febrero del 2015, en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá se publicó la siguiente noticia: “Nos complace anunciar que los países miembros del TISA han dado la bienvenida a Uruguay en las negociaciones. En la actualidad hay 24 países que participan en las negociaciones TISA: Australia; Canadá; Chile; Taipei China; Colombia; Costa Rica; la Unión Europea; Hong Kong (China); Islandia; Israel; Japón; Liechtenstein; Nueva Zelanda; Noruega; México; Pakistán; Panamá; Paraguay; Perú; Corea del Sur; Suiza; Turquía; los Estados Unidos; y Uruguay.”(3)

Uruguay fue aceptado –luego de que el Congreso de Estados Unidos diera luz verde para que así lo hiciera- y participó de las negociaciones a partir del 9 de febrero. Es decir, Uruguay empezó a participar en las negociaciones aceptando los acuerdos realizados hasta el momento de su incorporación. Acuerdos cuyo contenido se desconoce y que comprometen el futuro de todos los uruguayos.

La primera noticia pública sobre este tema se tuvo el 02/05/2014 cuando la Agencia EFE informó, desde Bruselas, que Uruguay había solicitado ingresar el TISA en setiembre de 2013 y que el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht manifestaba que "La Unión Europea celebra el interés de Uruguay por unirse a las negociaciones del TISA y respalda firmemente su participación de ahora en adelante". Afirmó, además, que el ministro uruguayo de Exteriores, Almagro Lemes, ha garantizado que su país "comparte los objetivos de las negociaciones del TISA" y que "respetará los resultados de la negociación logrados por otros participantes si se une" a ellas.”(4)

Dicha declaración entra en contradicción con lo sostenido por el canciller Almagro en múltiples instancias en las que declaró que sí Uruguay es admitido se tomará conocimiento “del material de base sobre el cual se está negociando y de las respectivas ofertas”, y se estará “en condiciones de evaluar la conveniencia de entrar”.

El canciller en esa misma entrevista afirmó, utilizando un discurso elogioso e impreciso que el TISA tiene como objetivo “establecer un régimen de comercio más amplio, flexible y predecible… lo suficientemente claro para no impedir que cada gobierno ejerza su propia soberanía para regular ciertos sectores… que las disposiciones del acuerdo estarán sujetas a excepciones generales, a excepciones relativas a la seguridad y a excepciones prudenciales en el caso de los servicios financieros” y que Uruguay podrá incluir sectores que quieran proteger “en listas de excepción”.

El gobierno uruguayo ingreso al TISA inmediatamente después de ser aceptado lo cual implica que adhirió a tapas cerradas, lo que es muy poco probable, o conocía y acepó el contenido de dichos acuerdos que siguen siendo secretos.

Los principales referentes del Frente Amplio en el senado sobre asuntos internacionales consultados en aquel momento -Enrique Rubio, Eduardo Lorier, Alberto Couriel- desconocían el tema y el asesor de la presidencia del FA en política exterior -José Bayardi- afirmó que no sé había discutido en la coalición.

Si fue sorprendente que el gobierno uruguayo hubiera solicitado participar en esas negociaciones sin informar públicamente, la sorpresa es mucho mayor ahora, cuando ya se ingresó al TISA, y es notorio que todos aquellos que tomaron conocimiento del tema no hicieron lo necesario para generar un proceso de discusión amplio y abierto que convalidara o cuestionara lo que estaba haciendo el gobierno.

Debe destacarse que sí bien no existen voces discrepantes en el ámbito político, el movimiento sindical resolvió: “Rechazar el ingreso de nuestro país a estos tratados, ya que esto pondría en riesgo el patrimonio y la soberanía nacional, ya que la intención es de liberalizar y desregularizar los mercados” (5). La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) se expresó en el mismo sentido, al igual que lo hizo la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) (6). Por su parte la Internacional de Servicios Públicos (ISP) desarrolla una campaña contra el TISA en varios continentes (7).

Ante un hecho de tan extraordinaria importancia cabe preguntar: ¿Por qué el gobierno de José Mujica no informó de los pasos que se recorrieron para integrarse al TISA? ¿Cuáles son los motivos para integrarse a un acuerdo multilateral que limita fuertemente las potestades de decisión del gobierno y la soberanía nacional? ¿El gobierno de Tabaré Vázquez asumirá y continuará con esta política? Sí así lo hiciera ¿someterá estas decisiones al conjunto de la nación o continuaran con el secreto de estado?

En la siguientes rondas de negociaciones, la próxima es en abril, Uruguay deberá presentar su lista de excepciones con los sectores de servicios que desea proteger y, por defecto, todos los demás sectores que quedarían sometidos a la liberalización con su consiguiente impacto sobre trabajadores, empresarios, cooperativistas y usuarios. ¿Quién o quiénes y con qué derecho van a tomar esa resolución? Nadie de los involucrados en estas negociaciones debería olvidar que la democracia directa ha sido el arma utilizada por el pueblo para evitar el desborde de los gobernantes.

(*) Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR), miembro de la REDIU.

(1) “América Latina en la geopolítica del imperialismo”, Ed. Luxemburg, Buenos Aires, 2012, p. 23
(2) “¿Por qué Uruguay solicito integrarse al TISA”, Semanario “Voces”, 10/07/2014 y 24/07/2014.
(3) http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/services/tisa-acs.aspx?lang=eng.
(4) Natalia Uval, “Abierto a todo”, “La Diaria”, 17/07/2014
(5) PIT-CNT, Mesa Representativa Nacional Ampliada, 17/03/14
(6) “El TISA intenta eliminar o reducir al máximo las fronteras económicas internacionales, los sistemas regulatorios que preservan los derechos de los trabajadores y el papel de las empresas y servicios públicos. Todo lo cual genera pérdidas significativas de soberanía nacional y derechos democráticos. Montevideo, 20/08/2014
(7) http://www.world-psi.org/es/informe-especial-de-la-isp-el-tisa-frente-los-servicios-publicos

- ABRETE SESAMO
Articulo de Natalia Uval (la diaria, 27/03/15)

FA sin “información oficial” sobre integración de Uruguay al TISA, que podría eliminar los monopolios de las empresas públicas.

“Esto viene complicado. Por el bien del país, hay que tratar de pararlo”. La frase, pronunciada por un parlamentario del Frente Amplio, sintetiza la sensación que tienen en estos momentos varios legisladores de la coalición de izquierda respecto del Tratado de Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés).

El nombre del tratado no le suena a nadie, y ésa es la primera complicación para abrir el tema a la discusión pública. La segunda es que las negociaciones transcurren en absoluto secreto. 

La primera ronda de conversaciones del TISA se produjo en marzo de 2013, convocada por Estados Unidos y la Unión Europea en el marco del grupo “Verdaderos amigos de los servicios”, con un fuerte impulso de la Coalición de Industrias de Servicios de Estados Unidos. La negociación se realiza al margen de la Organización Mundial de Comercio (OMC) e incorpora sectores como servicios profesionales, transporte aéreo y marítimo, comercio electrónico, telecomunicaciones, servicios financieros, servicios postales, compras públicas, medioambiente, energía y salud. En junio del año pasado, WikiLeaks difundió algunos contenidos de las discusiones de un acuerdo que procura liberalizar el comercio de servicios para las partes que lo suscriban; hasta el momento 24 participan de las negociaciones, entre ellos Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, la Unión Europea y Uruguay. Nuestro país pidió ingreso al acuerdo en setiembre de 2013, y participó por primera vez en la ronda de negociaciones en febrero de este año. Hasta el momento se han realizado diez rondas en Ginebra y se planificaron cuatro para 2015.

Según supo la diaria en base a fuentes del gobierno anterior, en las próximas negociaciones, que se realizarán entre el 11 y el 15 de abril, Uruguay deberá presentar sus ofertas, que tendrán que incluir compromisos específicos de acceso a mercados en los distintos sectores e incorporar la lista de excepciones de los sectores que el país busca preservar. Según un documento elaborado por un ex jerarca del gobierno de José Mujica, en el TISA se liberaliza el comercio en tres sectores sensibles para Uruguay: telecomunicaciones, compras públicas y servicios públicos. Respecto del primer sector, un borrador en discusión elaborado por Chile, Colombia y Japón establece que cada país “deberá esforzarse por permitir la participación total de extranjeros en los servicios electrónicos y de telecomunicaciones”. Otro presentado por Estados Unidos y Noruega dispone que ningún país “deberá imponer requerimientos a los joint ventures o limitar la participación del capital extranjero”, por ejemplo estableciendo límites respecto del porcentaje máximo de participación del capital extranjero en empresas que brinden servicios de telecomunicaciones.

En cuanto a las compras públicas, según el documento mencionado, el TISA propone el “acceso no discriminatorio”, y en servicios públicos, se incorporan cláusulas que “instalan dinámicas de mayor apertura al mercado, no más estatización”. Se establece por ejemplo que, una vez que un mercado se ha liberalizado, no se puede volver a nacionalizar. “TISA se dirige a compromisos más ambiciosos que los generalmente vigentes en formato TLC”, concluye el documento.

ESPERANDO INFORMACIÓN

El PIT-CNT fue el primero en plantear públicamente su preocupación sobre el tema. Hoy pondrá sobre la mesa el asunto en la reunión que mantendrá con el presidente Tabaré Vázquez, y una semana atrás solicitó una reunión con el canciller Rodolfo Nin Novoa, y rechazó mediante un comunicado las negociaciones en el marco del TISA. Un mes y medio antes, el 6 de febrero, junto a la organización Redes Amigos de la Tierra, la central obrera había enviado una carta al entonces canciller Luis Almagro expresándole su preocupación. Allí sostenían que el acuerdo “afecta en gran medida la posibilidad de establecer políticas nacionales diferenciales para promover a las empresas nacionales de servicios y fortalecer a nuestras empresas estatales de servicios (ya que se le tendría que dar el mismo trato a las empresas transnacionales que podrían operar en el país)”. Además, en el TISA se asumen compromisos de liberalización en todos los sectores de servicios existentes y por crearse, y se impide crear nuevas regulaciones, por ejemplo en materia financiera.

“Comparto totalmente la preocupación del PIT-CNT. Es la peor versión del TLC (Tratado de Libre Comercio) que Estados Unidos quería firmar en materia de servicios”, evaluó el diputado socialista Roberto Chiazzaro, en diálogo con la diaria. Exigió “transparentar la información” para saber “qué se está negociando”, y sostuvo que harán un pedido de informes a las actuales autoridades. “Abrir el país a una negociación sobre servicios sin tomar las precauciones del caso puede ser muy perjudicial para la economía del país. Nos preocupa también en la medida en que pueda afectar nuestro relacionamiento con el Mercosur”, indicó Chiazzaro.

El diputado Daniel Caggiani (Movimiento de Participación Popular) advirtió que la bancada no tiene “información oficial de los avances en el tratamiento del tratado”, y que su sector está esperando que Almagro vuelva a Uruguay para reunirse con él por este tema. “Vamos a observar con mucho detenimiento los pasos a seguir. Es un tema muy importante que incumbe a la industria y a la soberanía nacional”, señaló.

El secretario general del Partido Comunista, Eduardo Lorier, dijo que por el momento no hará declaraciones. “Pero después voy a hablar”, prometió.

En tanto, no está claro para los legisladores oficialistas hasta dónde Uruguay está comprometido a firmar el TISA. En julio de 2014, el entonces canciller Luis Almagro declaró a la diaria que una vez que se aceptara el ingreso de Uruguay a las negociaciones, se tomaría conocimiento “del material de base sobre el cual se está negociando y de las respectivas ofertas”, y se estaría “en condiciones de evaluar la conveniencia de entrar”. Sostuvo que Uruguay podrá incluir sectores que quiera proteger “en listas de excepción” y siempre tendrá la posibilidad de no aceptar “el paquete final” y no ratificar el acuerdo. Según se recordó en una columna publicada ayer en el semanario Voces y firmada por Antonio Elías, una nota de la agencia Efe publicada en mayo de 2014 consignaba declaraciones del comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht, en las que el jerarca sostenía que Almagro garantizó que Uruguay “comparte los objetivos de las negociaciones del TISA” y se comprometió a “respetar los resultados de la negociación logrados por otros participantes” hasta ese momento.

La carta elaborada por el PIT-CNT y Redes sostiene que “es ilusorio pensar que Uruguay podrá incidir mayormente en las negociaciones del TISA, menos aún cuando se le exige como condición de ingreso a las negociaciones que acepte (sin siquiera haberlos visto, estudiado y evaluado) los textos ya aprobados por los miembros actuales” del acuerdo. Y advierte que esto consta en “innumerables comunicaciones de la misión permanente de Uruguay ante la OMC a la cancillería a lo largo de 2014”.

- ANTECEDENTE I:

¿POR QUÉ URUGUAY SOLICITÓ INTEGRARSE AL TRADE IN SERVICES AGREEMENT?
Articulo de Antonio Elías (*) (Semanario Voces, 10/07/14)

El 2 de mayo la Agencia EFE informó, desde Bruselas, que el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht manifestó que "La Unión Europea celebra el interés de Uruguay por unirse a las negociaciones del TISA y respalda firmemente su participación de ahora en adelante". Afirmó, además, que el ministro uruguayo de Exteriores, Almagro Lemes, ha garantizado que su país "comparte los objetivos de las negociaciones del TISA" y que "respetará los resultados de la negociación logrados por otros participantes si se une" a ellas. Y continuó De Gucht "La Unión Europea y Uruguay esperan trabajar juntos para lograr un acuerdo ambicioso y abierto".

En el mismo informe de EFE se señala que Uruguay en septiembre del año pasado envió su solicitud para participar, algo que la Unión Europea espera que se concrete "rápidamente".

Inmediatamente surgen varias preguntas: ¿Qué es el TISA? ¿Quiénes lo integran? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué instrumento se han acordado hasta ahora? ¿Qué beneficios puede tener para el país este acuerdo? ¿En qué ámbito del Frente Amplio se resolvió la solicitud de integración al TISA? ¿Por qué este tema no es de conocimiento público?

1.- Saber que es el TISA (Trade in Services Agreement) no es una cosa fácil en la medida que lo que se está discutiendo entre los países que participan es secreto aunque existen, al menos, dos fuentes de información importantes que se utilizan en esta nota. El primero, es un informe especial de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), difundido el 28 de abril, titulado “El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios y la agenda corporativa”(1); el segundo, que fue divulgado por WikiLeaks el 19 de junio, es el proyecto de anexo correspondiente al sector de servicios financieros (2).

A partir de esos documentos podemos decir que las conversaciones secretas para constituir este acuerdo comenzaron a principio de 2012, se oficializaron en marzo de 2013 pero lo que se está negociando sigue siendo secreto y que actualmente van en la séptima ronda de negociaciones. Si bien cualquier miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) puede integrar el TISA, el mismo se negocia al margen de la OMC evitando así que se discutan los reclamos históricos de los países más pobres, entre otros, la eliminación de los subsidios agrícolas que utilizan como política proteccionista los países centrales.

Los estados que actualmente elaboran el acuerdo son Australia, Canadá, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Noruega, Paquistán, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Turquía, Estados Unidos, los 28 miembros de la Unión Europea y siete países de América Latina: Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay y Perú. En 2013 solicitaron participar de las negociaciones China y Uruguay.

No es menor señalar que cuatro de los países latinoamericanos que integran actualmente el TISA confluyen en la “Alianza del Pacífico”, estos son Chile, Colombia, México y Perú, los cuales, al igual que Costa Rica, tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos.

Queda claro, entonces, que en el marco de la crisis económica mundial continúa el proceso de eliminación de fronteras y de regulaciones. A pesar de que en 2005 se rechazó el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), el proceso impulsado por los Estados Unidos sigue avanzando de múltiples maneras, sea tanto a través de tratados bilaterales de libre comercio y de protección de inversiones, como en nuevas iniciativas regionales. Cabe preguntarse, entonces, por qué el gobierno uruguayo recorre el camino de los países más comprometidos con los intereses del capital y no el de los gobiernos progresistas que luchan por construir caminos alternativos.

2.- El objetivo de este acuerdo es liberalizar el comercio y la inversión en servicios, y aplicar normas regulatorias favorables al capital en todos los sectores, incluyendo servicios públicos. Con este nuevo acuerdo las Empresas Transnacionales buscan superar las limitaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) firmados en 1995, como parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

El acuerdo incluye todos los sectores relacionados con los servicios, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la logística y el transporte, construcción, suministro de energía, distribución del agua, contabilidad, marketing, publicidad, el sector bancario y de seguros, educación, salud y mucho más.

Las negociaciones del TISA son parte del proceso de cambios institucionales impulsados por los países centrales para reducir al mínimo las fronteras económicas, los sistemas de regulación que protegen el desarrollo productivo nacional, los derechos de los trabajadores y la existencia de empresas públicas, todo lo cual facilita la penetración de las Empresas Transnacionales, principales beneficiarias de los tratados de libre comercio y de protección recíproca de inversiones.

El TISA es el resultado de la presión sistemática de las corporaciones de servicios a través de grupos de presión como, principalmente, la “Coalición de Industrias de Servicios” de Estados Unidos y el “Foro de Servicios Europeo”.

A título de ejemplo véase la posición de la “Coalición de Industrias de Servicios”, la cual sostiene que “Algunas barreras al comercio de servicios incluyen: movimiento limitado de información a través de las fronteras, competencia injusta de empresas estatales, falta de transparencia y debido proceso además de derechos de propiedad y discriminación en la obtención de licencias y permisos que favorecen a las empresas locales. Por lo cual un acuerdo de servicios internacionales tiene el potencial de crear condiciones de comercio que permitan a las industrias de servicio alcanzar su máximo potencial. El TISA puede ser una de las más importantes contribuciones económicas de este siglo para los Estados Unidos y el mundo.”(3)

La Unión Europea, interpretando los intereses del “Foro de Servicios Europeos”, ha defendido que las negociaciones vayan más allá de la mera apertura de sus mercados de servicios y que sirvan asimismo para desarrollar nuevas normas comerciales en esta área. Considera el comercio de servicios de una "importancia estratégica", dado que el sector acumula unos tres cuartos del PIB y de los empleos de la Unión Europea.

Estas normas tienen como objetivo conceder a los proveedores extranjeros acceso libre en condiciones no menos favorables que las de los nacionales y restringir la capacidad de los gobiernos para mantener o adoptar normas proteccionistas. Lo cual podría cambiar en forma drástica la regulación de los servicios públicos que sustituirían las “regulaciones estatales” por las “leyes del mercado”. El interés de lucro de las corporaciones privadas extranjeras se impondría sobre el interés social.

3.- Los principales instrumentos del TISA buscan promover la inversión privada en todos los sectores, así como perpetuar y tornar irreversibles las privatizaciones ya realizadas. A esos efectos se propician fusiones y, adquisiciones de empresas locales y la eliminación de aquellas regulaciones que ponen límites a la penetración transnacional, asegurando a estas empresas un mayor control y extracción de ganancias de las economías nacionales y la economía mundial.

Reseñando nuevamente, los principales objetivos que buscan los países centrales con este acuerdo son: a) Libre acceso a los mercados para sus empresas, sin limitaciones de ningún tipo; b) Trato nacional, sus empresas tendrían un trato igual que las empresas nacionales sin ninguna forma de discriminación; c) Trato de nación más favorecida, el máximo beneficio que se otorgue a cualquier nación se le debe otorgar a los miembros de este acuerdo.

Para lograr que esos objetivos se cumplan y no retrocedan tienen tres “blindajes”:

- uno, el “statu quo”, que “congelaría los actuales niveles de liberalización de la economía en todos los ámbitos” (4). Esto bloquearía la posibilidad de que un gobierno presente o futuro pueda volver atrás lo ya liberalizado.

- dos, las “disposiciones de trinquete”, que implica que “cualquier cambio o enmienda a una medida nacional relacionada con los servicios que en la actualidad no se ajusta a las obligaciones del acuerdo se realice en una dirección a una mayor conformidad con el acuerdo, no menos” (5). Esto significa que solo se pueden hacer cambios en dirección a mayores niveles de liberalización reduciendo cada vez más la soberanía nacional. Si un gobierno favorable al capital toma medidas que eliminan regulaciones y liberan mercados, un gobierno posterior que defienda los intereses de los trabajadores, un desarrollo económico con fuerte participación del Estado y la protección de empresas nacionales medianas o pequeñas no podría modificarlo.

- tres, en el artículo X.20: Arreglo de diferencias, la Unión Europea y los Estados Unidos, proponen que “el tribunal (panel) debe tener la necesaria formación y solvencia referida a los servicios financieros en controversia” (6). Lo que implica que las condiciones que se establecen serán reguladas y arbitradas, como en todos los acuerdos internacionales por tribunales propios, excluyendo así las competencias y las legislaciones de cada país y librando los resultados de las controversias al interés de los sectores dominantes. Existen múltiples experiencias que demuestran que estos tribunales, tales como el CIADI, favorecen los intereses de las Empresas Transnacionales en detrimento de los Estados que reciben las inversiones.

Además el TISA establece por definición que todos los mercados existentes son parte del mismo, salvo que sean excluidos del tratado a texto expreso por una “lista negativa”, lo que implica que todo nuevo mercado que se genere por avances tecnológicos o por cualquier otra razón queda bajo las reglas del TISA. En contraste con el Acuerdo General de Comercio y Servicios, aprobado en 1995, que les permite a los países elegir cuáles servicios quiere liberalizar en lo que se denomina “lista positiva”.

4.- Este acuerdo que libera el comercio de servicios reducirá la soberanía nacional, porque se perderá control de la economía y se afectará la democracia, porque los acuerdos adquieren carácter supra constitucional. Los inversores extranjeros obtendrán de esta forma protección respecto a las reglamentaciones restrictivas del “libre” comercio, no importa si las mismas estén diseñadas para proteger el medioambiente, la salud, seguridad pública, estabilidad financiera o para garantizar el acceso universal a los servicios. Los derechos laborales y los ingresos de los trabajadores, activos y pasivos, también podrán ser puestos en cuestión generando un deterioro significativo los mismos.

El TISA, además, debilita la posibilidad de mantener y ampliar un sistema de empresas públicas, que actualmente se caracteriza por: preservar la soberanía nacional en importantes ámbitos económicos; ser democrático en tanto depende plenamente de la legislación nacional; mantener en manos del estado servicios que atienden las necesidades sociales; prestar servicios universales de alta calidad para la población.

Téngase en cuenta que si bien “el texto básico del TISA excluye los servicios suministrados ‘en ejercicio de facultades gubernamentales’ del ámbito de aplicación del acuerdo. (…) los servicios prestados en el ejercicio de dichas facultades están estrictamente definidos como ‘todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios”.(7) Lo que implica que la mayor parte de los servicios públicos que presta el estado uruguayo quedarían incluíos en la liberalización del TISA.

Con la información de la que se dispone hasta el momento cabe preguntarle al Frente Amplio, al gobierno y, en particular, al Ministro Luis Almagro: ¿Qué es lo que motiva a Uruguay a vincularse a este engendro que es el TISA y cuáles serían las ventajas para el país, los trabajadores, su gente en general si se limitan en forma dramática las potestades de decidir del gobierno y la soberanía del país todo?

* Docente universitario, asesor sindical y miembro de la REDIU.

(1) Elaborado por Scott Sinclair del Centro Canadiense de Alternativas Políticas y Hadrian Mertins-Kirkwood del Instituto de Economía Política de la Universidad de Carleton.
http://www.world-psi.org/es/informe-especial-de-la-isp-el-tisa-frente-los-servicios-publicos

(2) https://wikileaks.org/tisa-financial/. Publicado el 19 de junio de 2014.

(3) https://servicescoalition.org/negotiations/trade-in-services-agreement

(4) “El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios y la agenda corporativa”, p.14.

(5) Idem, p. 14.

(6) Trade in Services Agreement (TISA), Financial Services Annex, WikiLeaks release: June 19, 2014, p. 16.

(7) “El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios y la agenda corporativa”, p.6.

- ANTECEDENTE II:

¿POR QUÉ URUGUAY SOLICITÓ INTEGRARSE AL TRADE IN SERVICES AGREEMENT?

(SEGUNDA PARTE: LA RESPUESTA DEL GOBIERNO)
Articulo de Antonio Elías (*) (Semanario Voces, 24/07/14)

Hace dos semanas publicamos un artículo en “Voces” en el que informábamos que el gobierno uruguayo había solicitado integrar un acuerdo de liberalización del comercio de servicios (TISA, por su sigla en inglés). Las fuentes de información que manejamos en esa nota surgían del exterior - agencia EFE, Internacional de Servicios Públicos (1), Wikileaks (2) - y la que identificaba con mayor detalle la participación de Uruguay provenía básicamente de las declaraciones del comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht. A esa fecha no había ninguna información oficial del gobierno, ni del Frente Amplio acerca de la importante y riesgosa decisión de integrar este tratado.

La nota mencionada comenzaba con una serie de preguntas. Unas, sirvieron como guía para describir las principales características conocidas de un acuerdo cuyos términos son esencialmente secretos: ¿Qué es el TISA? ¿Quiénes lo integran? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué instrumento se han acordado hasta ahora? Otras, apuntaban a quienes habían tomado la decisión y por qué: ¿Qué beneficios puede tener para el país este acuerdo? ¿En qué ámbito del Frente Amplio se resolvió la solicitud de integración al TISA? ¿Por qué este tema no es de conocimiento público?

En el cierre de la nota, luego de describir las principales características e impactos negativos del TISA se insistía con las interrogantes pidiéndole respuestas al Frente Amplio, al gobierno y, en particular, al Ministro Luis Almagro sobre los motivos y las ventajas para el para el país de integrarse a un acuerdo multilateral que limita en forma dramática las potestades de decidir del gobierno (los acuerdos son supra constitucionales) y la soberanía del país (todo los diferendos serán resueltos al margen de la legislación nacional).

El jueves 17 de julio a enterarnos de algunas respuestas a estos interrogantes, gracias a un artículo de Natalia Uval, publicado en “la diaria”. En el mismo se presenta una entrevista al canciller Luis Almagro consultados los senadores frenteamplistas de la comisión de Asuntos Internacionales (Enrique Rubio, Eduardo Lorier y Alberto Couriel), y al asesor de la presidencia del Frente Amplio en política exterior (José Bayardi) estos se excusaron de opinar por no tener información.

En la nota se señala que idea de integrar el TISA surgió del Ministerio de Economía y Finanzas, que luego fue analizado en el ámbito de la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior (CIACEX) que, según el decreto 174/007, estará integrada por el Ministro de Relaciones Exteriores, quien la presidirá, y los Ministros de Economía y Finanzas; Ganadería, Agricultura y Pesca; Industria, Energía y Minería; Turismo y Deporte y un representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República.

Almagro informó a La Diaria que la CIACEX concluyó que es “oportuno y conveniente ingresar a la negociación, para poder asumir un papel más directo en ella, incidir en sus resultados y, de esa manera, posicionar los intereses de Uruguay de la mejor forma posible”. Dichas conclusiones se presentaron en un Consejo de Ministros en el que se resolvió la participación de Uruguay en el acuerdo.

El canciller destacó que el ingreso de Uruguay al acuerdo aún no fue aceptado y sí es admitido se tomará conocimiento “del material de base sobre el cual se está negociando y de las respectivas ofertas”, y se estará “en condiciones de evaluar la conveniencia de entrar”.

Nos preguntamos, entonces, si no se tiene conocimiento del material de base sobre el cual se está negociando en el TISA como pudo llegar la Comisión Interministerial a recomendar la solicitud de ingreso, más, aún como el Consejo de Ministros aprobó esa recomendación.

En el mismo sentido, si no se conoce el material de base, como es posible que el canciller puede afirmar que el TISA tiene como objetivo “establecer un régimen de comercio más amplio, flexible y predecible… lo suficientemente claro para no impedir que cada gobierno ejerza su propia soberanía para regular ciertos sectores… que las disposiciones del acuerdo estarán sujetas a excepciones generales, a excepciones relativas a la seguridad y a excepciones prudenciales en el caso de los servicios financieros” y que Uruguay podrá incluir sectores que quieran proteger “en listas de excepción”.

La información que ha trascendido sobre el TISA y que hemos publicado en la primera nota sobre este tema (“Voces”, 10/07/14) va en una dirección contraria a los dichos del canciller: el objetivo del acuerdo es una liberalización del comercio internacional de servicios que limite al máximo la posibilidad de que existan fronteras económicas, regulaciones proteccionistas y empresas estatales que obstaculicen el funcionamiento del “libre” mercado que requieren las empresas transnacionales.

Al respecto sería muy interesante conocer la opinión que tiene esta Comisión Interministerial del documento del TISA difundido por Wikileaks, para ver si coincide con sus expectativas favorables a este tratado; pero más interesante aún sería que difundieran los documentos que utilizó la Comisión Interministerial para llegar a la propuesta de integración al TISA.

Por último, las declaraciones del canciller apuntan a señalar que la participación en las negociaciones del TISA no compromete al país porque es “voluntaria” y cuando concluyan las negociaciones “Uruguay puede aceptar o no la fórmula a la que se llegue” dado que tiene la posibilidad de rechazar “el paquete final y no ratificar el acuerdo”. Lo cual entra en contradicción con las afirmaciones del Comisario de Comercio de la Unión Europea quién afirmo que el ministro uruguayo de Exteriores, Almagro Lemes, ha garantizado que su país "comparte los objetivos de las negociaciones del TISA" y que "respetará los resultados de la negociación logrados por otros participantes si se une", es decir si es aceptado en ellas. Como se observa una y otra cosa son absolutamente distintas.

Hasta aquí tenemos una respuesta, controversial e insuficiente, sobre las motivaciones del gobierno para participar en el TISA y los ámbitos del Poder Ejecutivo donde se tomaron las decisiones. Todo lo contrario sucede con el Frente Amplio, el tema no se discutió en la coalición, aclaró a la diaria el asesor de la presidencia del FA en asuntos internacionales, José Bayardi. Los senadores de la comisión de Asuntos Internacionales Enrique Rubio, Alberto Couriel y Eduardo Lorier también se excusaron de opinar, por el mismo motivo.

No puede dejar de sorprender que el gobierno uruguayo, convalidando los mecanismos secretos del TISA, haya solicitado participar en esas negociaciones sin informar y consultar, como corresponde en una sociedad democrática, a toda la ciudadanía. Más aún, ni siquiera consultó a su fuerza política. ¿Por qué no se discutió públicamente sobre las ventajas y desventajas del TISA? ¿Por qué no se informó de los pasos que se recorrieron para integrarse a este acuerdo? ¿Qué es lo que contiene el TISA que hay que esconder? ¿A quién o a quiénes hay que ocultarles que se está recorriendo este camino de inserción internacional subordinada?

En el marco del actual proceso electoral sería fundamental conocer cuál es la propuesta programática del Frente Amplio respecto a la integración del país al TISA, así como la posición de su candidato el Dr. Tabaré Vázquez.

* Docente universitario, asesor sindical y miembro de la REDIU.
(1) http://www.world-psi.org/es/informe-especial-de-la-isp-el-tisa-frente-los-servicios-publicos

(2) https://wikileaks.org/tisa-financial/. Publicado el 19 de junio de 2014.


Para comunicarse con Chasque Artiguista: chasqueartiguista@adinet.com.uy
Para comunicarse con la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay: contacto@rediu.org

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