LOS LÍMITES DEL PODER
Por Eduardo Juan Salleras, 16/10/2011
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La Argentina, según reza nuestra Constitución Nacional, adopta la forma representativa, republicana y federal como gobierno. Esto quiere decir que la democracia no es participativa sino representativa: el pueblo gobierna a través de sus representantes. ¿Quiénes son estos? Los directos: los legisladores, los que deben marcar los límites al poder con las leyes, entre tantas cosas.
Luego, la Justicia administra las mismas.
Por ello se dice que una de las características fundamentales de la república es la división de poderes: 1º el Poder Ejecutivo: es el órgano administrador; 2º el Poder Legislativo: es el que dicta las leyes; 3º Poder Judicial: es el que las hace cumplir.
En el artículo anterior hablábamos de la falta de equidad ante la ley, no se aplica por igual a un ciudadano común que a un funcionario o amigo del poder.
Así ocurre porque, casualmente, no existe división de poderes, mucho menos, independencia y fuerzas equivalentes.
No es novedad para nadie que los diputados y senadores, desde el momento que el pueblo los elige para representarlo republicanamente, se olvidan de quién les dio el voto, transformándose en operadores políticos del poder (al menos los oficialistas y los que se venden). También la justicia actúa de acuerdo a la mirada del Ejecutivo, el que hace y deshace con las causas a su antojo.
De ese modo, con esta conducta del poder, el sistema pierde dos puntos trascendentales en el cumplimiento de las condiciones básicas de una república según dicta nuestra Constitución Nacional: igualdad y división de poderes.
Entonces, predicar sobre lo igualitario, hablándonos continuamente en función del “para todos”... Aristóteles fue muy claro cuando dijo: “¡Ojo! Un montón de gente no es una república”.
Y nosotros nos hemos transformado en eso, en un montón de individualidades, que cada tanto nos ponemos la camiseta del seleccionado y gritamos ¡Argentina! ¡Argentina! Pero una vez finalizado el evento o el acto patriótico, lo único que nos importa es el yo.
Esa primera persona del singular que deambula por el territorio argentino no asume responsabilidades cívicas; sin necesidad de ser participativo en lo político, debería velar al menos por el cumplimiento de las normas constitucionales, en este caso puntual, republicanas, las que deben respetar todos los gobiernos. Pero, el ciudadano argentino, en general pone por delante de la ley su condición o su camiseta partidaria, incluso por encima de lo que la Constitución exige, dejando hacer al infractor, mientras “a mí me vaya bien...”
Ese yo que camina por la vida argentina, sólo reconoce las leyes que le otorgan derechos, obviando por completo aquellas que le exigen obligaciones - como si fueran represivas las disposiciones - así también aquellas pautas que le reclaman compromiso.
Esta forma de civismo conduce al ciudadano a un permanente esquive de la ley, porque esa es la porción de poder que le otorga el sistema: la negación absoluta de la ley es el poder absoluto y la transgresión parcial, es una parte de los privilegios que reciben o se toman para sí algunos. Desde luego que tal desempeño social nada tienen que ver con una república.
La Constitución dice además que somos un país federal, debe haber una división de dominios, de potestades, entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales, “los que serán autónomos y conservarán todo el poder no delegado por la Constitución a la Nación”, dice nuestra ley suprema.
Pero esta división de poderes tampoco se respeta, ni siquiera en el otorgamiento de los dineros públicos para la administración individual de cada estado provincial. Me estoy refiriendo a la coparticipación federal, de la que todo el mundo sabe es manejada ilegalmente por el poder central, a su capricho, premiando o castigando al gobernador de acuerdo a su obsecuencia con quién conduce los destinos de la Nación… ¡Y la Justicia!... Incluso lo hace a un lado en algunos asuntos provinciales, especialmente en obra pública, imponiendo sus proyectos y empresas - todo sale de la misma caja - y al momento de la promoción, lo hace la Nación y a un costadito el miserable gobernador, al que ni nombran.
La corrupción tiene como principal enemigo la división de poderes y la descentralización, eso es lo que debemos tener bien en claro si pretendemos en algún momento combatirla.
De no hacerlo es bueno saber que de ella se alimenta la inseguridad, el delito, el narcotráfico, la narco-política, el lavado de dinero, la prostitución judicial, la trata de blancas… y un día, tal vez, golpee nuestra puerta y elija para sí algo que nos pertenece.
La división e independencia de los tres poderes: que los legisladores sean verdaderos representantes del pueblo y respetuosos de la Constitución Nacional y que la Justicia aplique la ley sin condicionamientos de la política; además, que las provincias sean en la realidad autónomas y que en ellas también se respete la división de poderes; la descentralización de las acciones de gobierno - nacional y provincial - y el equilibrio de fuerzas en el Congreso… no solamente la harán un bien a la República, sino que de ninguna manera atentan contra el crecimiento y desarrollo del país. La Argentina seguirá su camino político elegido, pero con la custodia constitucional y la mirada alerta de las leyes.
Así debe funcionar una república… es el ciudadano quien pone y quien saca… de eso se trata el ejercicio de la ciudadanía.
Es la sociedad la responsable de avalar a un poder absoluto.
EJS
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