El 21 de septiembre de 2011
Mentiras post y la extraña política editorial de los medios en su interpretación libre de los derechos humanos - Septiembre es un mes maldito. El último 16 Argentina conmemoró los treinta y cinco años de la Noche de los Lápices. Sólo cuatro de diez estudiantes secundarios sobrevivieron a las torturas y desapariciones de la última dictadura. Un 16 de septiembre de 1955 sería derrocado Juan Domingo Perón. Luego vendrían dieciocho años de proscripción política. También un 6 septiembre pero de 1930 sobrevendría el primer golpe militar dirigido por el nacional catolicismo y la restauración conservadora.
Las omisiones de la prensa a veces resultan sumamente esclarecedoras. El silenciado premio de la Unesco a Las Abuelas de Plaza de Mayo -el pasado 15 de septiembre- ya es parte del anecdotario de diarios de presencia nacional como Clarín y La Nación, que prefirieren en estos días preelectorales magnificar el derrotero mediático de Sergio Schoklender por cualquier micrófono, hasta su entrada triunfal al Congreso de la Nación para realizar una absurda reunión “secreta” con sólo 22 diputados presentes.
Así son las cosas cuando el orden corporativo se viste de gala para recibir premios auto celebratorios destinados a la libertad de prensa. Frente a tanto oscurantismo, las siguientes líneas recorren, a modo de ejemplo, cómo el diario La Nación conmemoró solapadamente el 81 aniversario del inicio de los procesos dictatoriales en Argentina. Sólo faltó la semblanza de Agustín P. Justo. Veamos.
Memoria selectiva
El martes 6 el diario La Nación llenó caja de impresión de algo que no enseñan en ninguna escuela de periodismo. Un extraño uso de la memoria y distracción profesional crearon una bonita sucesión de notas que denotan cierta avaricia de la naturaleza en sus editores o, en el peor de los casos, intencionalidades veladas como las operaciones de prensa que caracterizaron la orquestación de los medios durante la última dictadura. Imaginemos que se trató de lo primero, lo cual obliga por deontología periodística a realizar algunas aclaraciones.
El 10 de septiembre de 2008, hace tres años, Las Abuelas anunciaron que habían encontrado a otro joven privado de su identidad. Se trataba del nieto número 95, hijo de Liliana Carmen Pereyra y Eduardo Alberto Cagnola. Ambos -militantes de la Juventud Universitaria Peronista e integrantes de la organización Montoneros- fueron secuestrados en la pensión donde vivían en Mar del Plata, en octubre de 1977.
Liliana estaba embarazada de 5 meses y rápidamente terminó en la “pieza de embarazadas” de la ESMA. Allí nació Federico, en febrero de 1978. Los padres integran la larga lista de 30 mil desaparecidos y su abuela Jorgelina “Coqui” Pereyra debió cumplir el duro recorrido de la búsqueda.
Esta historia suele repetirse con cada uno de los casos detectados por la organización Abuelas de Plaza de Mayo, en colaboración con la exhaustiva tarea desarrollada por la CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad), que intenta dar respuesta cierta a los familiares -desde la Secretaría de Derechos Humanos- por los delitos de lesa humanidad cometidos en tiempo del terrorismo de Estado.
Las notas
El matutino puso en su portada como artículo principal de la edición impresa un reclamo presentado por el diputado Juan Carlos Vega (Coalición Cívica-Córdoba) a propósito del pago de indemnizaciones a las víctimas de la última dictadura. La tapa acompañaba la foto de la coterránea del legislador y senadora nacional Norma Morandini -candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio Progresista-, junto a la ex dirigente de la Alianza-Frepaso, Graciela Fernández Meijide.
Un poco más perdido en la sábana del histórico diario, estaba la noticia sobre una distinción del Instituto de Prensa y Sociedad (IPyS) a la investigación realizada por Hugo Alconada Mon sobre el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Ese mismo martes, publicó otro artículo sobre un fallo de la Cámara Federal que permite eventualmente a Federico, el nieto recuperado, llevar el apellido de sus apropiadores.
Las dos primeras tienen como foco central denuncias sobre falta de transparencia en el manejo de la cosa pública. La última una omisión básica a señalar.
Los personajes
“Sospechas por los pagos a víctimas de la represión”, lleva la firma de Mariano de Vedia. Pluma que tiene en su ADN periodístico a la familia Mitre y que representa la línea política de un diario que supo adecuarse a los gobiernos de facto, como bien analiza Ricardo Sidicaro en: La política mirada desde arriba: las ideas del diario La Nación (1909-1989)
Sus líneas intentan recuperar el cuestionamiento que hizo Meijide sobre la cantidad de desaparecidos con datos que surgen del informe de la Conadep luego de su reaparición pública a fines de 2009, cuando interpeló al titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, como lo intenta hacer nuevamente Mariano de Vedia.
Aquel suceso terminó en la expulsión de Elisa Carrió de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), a propósito de declaraciones poco felices por la tarea desempeñada por Las Abuelas; y el regreso al ostracismo de la ex ministra y diputada nacional.
“Premio para investigaciones periodísticas de La Nación”, celebra el reconocimiento, en el tercer puesto, a la investigación del prosecretario de redacción del diario Hugo Alconada Mon, respecto a sus escritos acerca de presuntas irregularidades en la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo de control de reciente creación para perseguir el lavado de dinero, que tuvo infinidad de cambios instrumentales en su adecuación a los estándares del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y que aún se encuentra en proceso de consolidación.
La distinción fue entregada por el Instituto Prensa y Sociedad (IPyS) y Transparencia Internacional. Del Instituto cabe señalar su labor interesante en tiempos de democracia para el financiamiento investigaciones sobre concentración mediática, pero también que entre sus referentes preferidos cuenta con el auspicioso acompañamiento del ex presidente de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), Danilo Arbilla, un periodista uruguayo que abrazó al dictador Juan María Bordaberry en el cargo de director de Difusión e Información de la Presidencia. Arbilla, nada dijo entonces sobre la clausura de medios ni la persecución y detención de periodistas. Tampoco de la muerte tras las torturas de sus colegas.
“Un nieto recuperado seguirá llevando el apellido de sus apropiadores”, no tiene firma. Por tradición debe atribuirse entonces al director del medio, Bartolomé Mitre. El artículo cuenta el derrotero jurídico del caso. Señala la ausencia de una legislación armónica frente al pedido del joven para mantener el apellido de quienes se lo robaron –actualmente procesados en libertad– sin cumplir con los procesos de adopción correspondientes. Lo que se traduce en delitos de lesa humanidad, imprescriptibles y que tornan inconstitucional cualquier falta a la verdad sobre la identidad de las personas. Entre ellas: llevar el apellido de quienes cometieron esos delitos.
Agendas
Los estudios sobre el comportamiento de la prensa tienen muchas clasificaciones. Hay quienes consideran canallescas este tipo de acciones. Sin embargo, en términos estrictamente académicos llevan otro nombre. Según el reconocido analista de medios Maxwell McCombs tal práctica se corresponde con la metodología de Agenda cutting. Se quitan selectivamente ítems centrales de la agenda de los medios, los cuales son clave en los procesos de formación de opinión pública.
Se trata de otro tipo de desapariciones que obedecen sin duda a aquellas forjadas en dictaduras. Esas que sirvieron a los intereses y gestiones poco claras de un diario que aún se presenta como “tribuna de doctrina”, a la que podría agregarse de Seguridad Nacional en nombre de la transparencia institucional.
Fuente: Frente Transversal Nacional y Popular
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