el genocidio en Bahía Blanca.
Por Hugo Cañón,
co-presidente de la
Comisión Provincial por la Memoria.
El camino de la verdad y la justicia tuvo bloqueos brutales: las leyes de impunidad y los indultos. Pero eso solo no explica esta prolongación durante décadas.
Hace 25 años pedí a la Cámara Federal de Bahía Blanca que reclamara al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas la causa del 5° Cuerpo de Ejército para terminar con la dilación y comenzar la investigación por crímenes de lesa humanidad. El día 28 de este mes comenzará el juicio oral y público.
¿Por qué esta enormidad? ¿Porqué 10 mil días de dolor, de espera, de incertidumbre, de impunidad?
Para trasladarse de un punto a otro hay que recorrer un camino. Las demoras pueden reducirse a dos causas básicas: bloqueo del camino o déficit en el traslado. El camino de la verdad y la justicia tuvo bloqueos brutales: las leyes de impunidad y los indultos. Pero eso sólo no explica esta prolongación durante décadas, porque habilitada la ruta sectores de la corporación judicial se ocuparon de dificultar el desplazamiento para llegar a esta instancia del juicio oral y público. La memoria, la historia, nos demanda hacer estas puntualizaciones.
Cuando tratamos de destrabar el obstáculo “obediencia debida” en el ’87 ganamos por 2 a 1 en la Cámara Federal y perdimos 4 a 1 en la Corte. Intentamos despejar el indulto en el ’89 y el resultado fue 2 a 1 a favor en la Cámara para perder 5 a 2 en la Corte. Allí se cerró el camino principal.
Seguimos buscando caminos alternativos, vía Garzón, vía fiscalías italianas, vía Juicios por la Verdad. Eran caminos difíciles y limitados, con resultados también acotados. Finalmente quedó habilitada la ruta nuevamente con la nulidad de las leyes (2003) y el fallo de la Corte (2005).
Pero para transitar no sólo se necesita contar con caminos habilitados, sino transportes y conductores. En la Bahía del Silencio o Bahía Gris –como se denomina a la Bahía Blanca de la historia oficial– las complicidades para el boicot son varias.
A aquella digna Cámara Federal de fines de los ’80, la de los jueces Luis Cotter e Ignacio Larraza (con el voto no positivo de Ricardo Planes), la fueron modificando para cambiar su perfil comprometido con la legalidad. Con la llegada de otros camaristas se armaron nuevas mayorías complacientes con el poder. Un juez –compadre del ex gobernador Eduardo Duhalde– vino de Río Gallegos con un odio visceral hacia el entonces gobernador de Santa Cruz. Lo conocí en un pasillo y su saludo fue: “con usted se equivocaron”. Esa afirmación me alegró, pues se estaba refiriendo a los intentos del gobierno de Menem de desplazarme por impugnar el indulto. Pero poco duró la sorpresa agradable, pues enseguida aclaró: “debieron echarlo de entrada, ahora les va a costar hacerlo”. ¡Prepotencia y fortaleza que daba esa época de la segunda década infame! Otro juez tiene origen en el riñón exclusivo de la corporación judicial, con pluma y reglamentación siempre a mano, y el tercero, a quien le atribuyen haber integrado la triple A, fue agente de inteligencia del Ejército en la universidad durante la dictadura, y asesor del general Acdel Vilas. Además, tenía en su estudio un diploma de la “Liga Anticomunista Argentina” firmada por Suárez Mason.
El Tribunal Oral que debía realizar el juicio fue conformado también en la época de Menem. Un juez fue defensor de los militares en 1987, otro resolvió mientras estaba excusado en los juicios de lesa humanidad y un tercero aceptó su amistad íntima con un ex secretario del juzgado federal de la dictadura imputado por la fiscalía. Con este y defensores de los represores compartió la cena que provocó su recusación.
En primera instancia ya no está el juez Balaguer que fue destituido y condenado por ladrón (designado en la misma época de los ’90) pero sí Alcindo Álvarez Canale, que fue juez durante la dictadura, amigo del empresario petrolero y bodeguero Lapeyrade, que dio protección y dinero al prófugo teniente coronel Corres y del comisario de la Policía Federal imputado por la fuga de este. Ese juez no tuvo la frontalidad de Balaguer. Siempre circuló en los bordes, obstaculizando, sospechado, escondiendo, amedrentando, pero sin dejar flancos muy evidentes, como lo declaré ante el Consejo de la Magistratura. Es un juez como el general Alaiz, no deja de cumplir la orden, pero la llegada del convoy de tanques dura una eternidad. Es de los que se mete en una calle sin salida, o se le terminó la nafta, o se pone a limpiar el vehículo como si fuera más importante la higiene que llegar a destino. Se negó a viajar a Buenos Aires para indagar al ex juez Guillermo Federico Madueño que iba a La Escuelita y era el “nexo” con el general Vilas, y al final se murió sin ser juzgado. Se negó a indagar a los secretarios del juez acusado, Hugo Sierra y Gloria Girotti, imputados por el fiscal Abel Córdoba, y cuestionados para ejercer sus cargos docentes en la Universidad Nacional del Sur.
Pero los operadores judiciales no están solos. Tienen que ver con el entramado del poder real; económico, político, eclesiástico y mediático. Ese poder hegemónico es muy consistente y alineado. Me animo a decir que ese poder en Bahía Blanca es más rotundo que el quedó al desnudo en las ciudades de Córdoba y Mendoza. Únicamente la verdad hace libre a los hombres y para ello es necesario descorrer muchos velos.
El director de La Nueva Provincia, ex viceministro de defensa de Menem, y quien aún debe rendir cuentas por el secuestro, tortura y fusilamiento de los delegados gremiales Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola que trabajaban en su diario, es un especial interesado en obstruir el camino del juicio y castigo. Vinculado estrechamente a los militares, está al frente de un medio que “es propia tropa”, según expresara el general José Segundo Dante Caridi en 1986 frente a la Cámara Federal de Bahía Blanca, cuando yo asumiera el cargo de Fiscal de Cámara.
La Nueva Provincia tiene Editoriales a favor de la tortura y exaltando las bondades del golpe de estado del ’76, como también publicó un panegírico de la figura de Eduardo Emilio Massera el año pasado. Comulgan con ese diario sectores poderosos, corporativos que tienen correspondencia con la pata civil del golpe del ’76.
El fiscal Abel Córdoba ha pedido el allanamiento de La Nueva Provincia para obtener pruebas y en nombre de la “libertad de expresión” la Cámara Federal ha denegado esa posibilidad, con el voto –ahora sí positivo de Planes–, más el de Argañaraz y Fernández, los mismos que liberaron a 36 represores apartándose del criterio marcado por la Corte Suprema.
Pero pese a tantas dificultades, tropiezos y obstáculos, los juicios se iniciarán. El entramado quedará al desnudo y los criminales seriales que ejecutaron el plan de exterminio serán juzgados desde el 28 de junio, en la sede de la Universidad Nacional de Sur, donde fueron perseguidos y victimizados estudiantes, profesores y trabajadores. El tribunal está integrado por los jueces Jorge Ferro, José M. Triputti y Martín Bava. Ellos vendrán desde Mar del Plata, Santa Rosa y Azul para recorrer este tramo de verdad y justicia después de un cuarto de siglo.
La Comisión Provincial por la Memoria acompañará a la Comisión de Apoyo a los juicios, a los familiares y a las víctimas del genocidio, como lo harán también otros organismos, los medios alternativos, las juventudes, y todos los que apostamos a este acto reparador que permita construir sobre bases sólidas un devenir democrático, plural, participativo, inclusivo, como lo demandaron los que no están y lo necesitan los que vienen.
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3 de junio de 2011
Enviado por SERPAL
Servicio de Prensa Alternativa
www.serpal.info
La memoria es un pájaro de fuego
que ejerce un oficio luminoso:
es la clara pasión de contramuerte"
Hamlet Lima Quintana
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