DE HEBE BONAFINI
Y DEL GOBIERNO NACIONAL
Por Carlos Alberto Dansey
Está a la vista el sometimiento de la justicia nacional al poder político, que instauraron los antiguos montoneros (hasta ahora no arrepentidos de sus crímenes) a través de Néstor Kirchner y continuado por su esposa, la actual Presidente de la República, quienes so pretexto de sancionar los delitos de lesa humanidad, han generado un estado autocrático, al margen de la Constitución Nacional, para satisfacción de sus reconcentrados odios contra las FFAA y Fuerzas de Seguridad que los combatieron. Este autocratismo equivale, por su arbitrariedad, al que acaba de consumar Evo Morales en Bolivia, según noticias recientemente difundidas, según las cuales, todo vehículo ingresado de contrabando al país, quedará automáticamente confiscado para ser entregado a los pobres.
El asunto “a favor de los pobres” es la pantalla, con la que se pretende ocultar que esos vehículos en su mayor parte son robados en la Argentina y que, en realidad, la confiscación se hace contra sus propietarios y no contra los autores de los contrabandos. En nuestro país la pantalla es el “delito de lesa humanidad”, que es calificado así de antemano y sin ningún juzgamiento previo el personal militar que desempeñó funciones durante la lucha contra la subversión impulsada por las conocidas organizaciones terroristas. Igual que la calificación de “represor” de alguien a quien se imputa una supuesta responsabilidad por acciones de represión comprendidas dentro de la idea de “lesa humanidad”, por el solo hecho de que alguien hubiese efectuado una denuncia en su contra. Con esto y varios testigos que digan que el denunciado prestó servicios 35 años atrás en determinada unidad donde se consumaron delitos, el denunciado entra en la lista de miles de oficiales de las FFAA condenados a prisión perpetua.
La incoherencia de esta doctrina se advierte claramente en lo actuado ante el Tribunal Oral Federal, de Corrientes, que dictó condenas contra cinco ex militares, a cuyo respecto el Juez federal había dictado auto de procesamiento que el Tribunal revocó “por falta de prueba”, pero mantuvo detenidos a los imputados por si surgiera una responsabilidad penal en virtud de la teoría del “autor mediato”. Adviértase este aberrante resultado: se aplicaron las severas penas por hechos que el mismo tribunal verificó que no estaban probados.
Esta teoría ─contraria a la Constitución Nacional─ fue usada por el tribunal internacional de Nüremberg, para juzgar los crímenes de guerra consumados por las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial. Ella equivale a lo que se denomina “responsabilidad de comando”, que existe en todas las fuerzas armadas del mundo, pero no tiene carácter penal, sino administrativo, es decir, sanciones que sólo tienen respuesta en materia administrativa, desde llamados de atención, suspensiones, o arrestos (no prisión perpetua). En Nüremberg se usó esta teoría porque los vencidos estaban condenados de antemano y no tenían ninguna posibilidad de objetar nada ante nadie. Por eso, en definitiva, los soviéticos tenían razón cuando decían que aquí no hay nada que juzgar sino solamente establecer cuál es el castigo que corresponde aplicar. El tribunal de Nüremberg actuó entonces como legislador, pues creó las penas que correspondían en cada caso. Eso es lo que hemos traslado a nuestro país con el proceso de los Comandantes de las FFAA en 1985, promovido por el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, que les sirvió en bandeja de plata, a los ex montoneros, para continuar con la venganza por supuestas vías legales.
Pues bien, ahora el gobierno se ha encargado de absolver públicamente a Hebe Bonafini de los delitos consumados por el parricida Sergio Schoklender, convertido en abogado desde la cárcel y luego prominente hombre público con el apoyo de las Madres de Plaza de Mayo, para quienes carecía de toda importancia que su asesor y administrador fuese el autor de la muerte de su propia madre. Las Madres premian a quien asesinó a su Madre. Es más, prácticamente era ensalzado como un ejemplo digno de ser imitado, aunque el sujeto jamás hubiese manifestado un arrepentimiento por su aberrante crimen.
La actitud del gobierno es la prueba más categórica de la sujeción en que tiene sometida a la justicia del fuero federal, ya que ningún fiscal insinuó la posibilidad siquiera de que la “responsabilidad de comando” se dirigiese contra Hebe Bonafini, a quien el gobierno ya absolvió. Pero la teoría del “autor mediato” usada por la justicia alcanza también a toda la escala jerárquica del gobierno que dio cauce a esta ingente salida de fondos públicos, sin ningún control de inversión. Sergio Schoklender aparece en fotografías de actos gubernamentales, junto a Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Hebe Bonafini, y otras autoridades, como hombre de prominente actuación pública. Es decir, la participación que tenía estaba moralmente respaldada por el equipo gobernante, quien no consideró necesario establecer un control legal sobre el movimiento de los fondos que manejaba y disponía como le placía. La responsabilidad está a la vista. Ante la inercia del Poder Judicial correspondería actuar al Poder Legislativo. Este es nuestro sistema institucional.
Por Carlos Alberto Dansey
Está a la vista el sometimiento de la justicia nacional al poder político, que instauraron los antiguos montoneros (hasta ahora no arrepentidos de sus crímenes) a través de Néstor Kirchner y continuado por su esposa, la actual Presidente de la República, quienes so pretexto de sancionar los delitos de lesa humanidad, han generado un estado autocrático, al margen de la Constitución Nacional, para satisfacción de sus reconcentrados odios contra las FFAA y Fuerzas de Seguridad que los combatieron. Este autocratismo equivale, por su arbitrariedad, al que acaba de consumar Evo Morales en Bolivia, según noticias recientemente difundidas, según las cuales, todo vehículo ingresado de contrabando al país, quedará automáticamente confiscado para ser entregado a los pobres.
El asunto “a favor de los pobres” es la pantalla, con la que se pretende ocultar que esos vehículos en su mayor parte son robados en la Argentina y que, en realidad, la confiscación se hace contra sus propietarios y no contra los autores de los contrabandos. En nuestro país la pantalla es el “delito de lesa humanidad”, que es calificado así de antemano y sin ningún juzgamiento previo el personal militar que desempeñó funciones durante la lucha contra la subversión impulsada por las conocidas organizaciones terroristas. Igual que la calificación de “represor” de alguien a quien se imputa una supuesta responsabilidad por acciones de represión comprendidas dentro de la idea de “lesa humanidad”, por el solo hecho de que alguien hubiese efectuado una denuncia en su contra. Con esto y varios testigos que digan que el denunciado prestó servicios 35 años atrás en determinada unidad donde se consumaron delitos, el denunciado entra en la lista de miles de oficiales de las FFAA condenados a prisión perpetua.
La incoherencia de esta doctrina se advierte claramente en lo actuado ante el Tribunal Oral Federal, de Corrientes, que dictó condenas contra cinco ex militares, a cuyo respecto el Juez federal había dictado auto de procesamiento que el Tribunal revocó “por falta de prueba”, pero mantuvo detenidos a los imputados por si surgiera una responsabilidad penal en virtud de la teoría del “autor mediato”. Adviértase este aberrante resultado: se aplicaron las severas penas por hechos que el mismo tribunal verificó que no estaban probados.
Esta teoría ─contraria a la Constitución Nacional─ fue usada por el tribunal internacional de Nüremberg, para juzgar los crímenes de guerra consumados por las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial. Ella equivale a lo que se denomina “responsabilidad de comando”, que existe en todas las fuerzas armadas del mundo, pero no tiene carácter penal, sino administrativo, es decir, sanciones que sólo tienen respuesta en materia administrativa, desde llamados de atención, suspensiones, o arrestos (no prisión perpetua). En Nüremberg se usó esta teoría porque los vencidos estaban condenados de antemano y no tenían ninguna posibilidad de objetar nada ante nadie. Por eso, en definitiva, los soviéticos tenían razón cuando decían que aquí no hay nada que juzgar sino solamente establecer cuál es el castigo que corresponde aplicar. El tribunal de Nüremberg actuó entonces como legislador, pues creó las penas que correspondían en cada caso. Eso es lo que hemos traslado a nuestro país con el proceso de los Comandantes de las FFAA en 1985, promovido por el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, que les sirvió en bandeja de plata, a los ex montoneros, para continuar con la venganza por supuestas vías legales.
Pues bien, ahora el gobierno se ha encargado de absolver públicamente a Hebe Bonafini de los delitos consumados por el parricida Sergio Schoklender, convertido en abogado desde la cárcel y luego prominente hombre público con el apoyo de las Madres de Plaza de Mayo, para quienes carecía de toda importancia que su asesor y administrador fuese el autor de la muerte de su propia madre. Las Madres premian a quien asesinó a su Madre. Es más, prácticamente era ensalzado como un ejemplo digno de ser imitado, aunque el sujeto jamás hubiese manifestado un arrepentimiento por su aberrante crimen.
La actitud del gobierno es la prueba más categórica de la sujeción en que tiene sometida a la justicia del fuero federal, ya que ningún fiscal insinuó la posibilidad siquiera de que la “responsabilidad de comando” se dirigiese contra Hebe Bonafini, a quien el gobierno ya absolvió. Pero la teoría del “autor mediato” usada por la justicia alcanza también a toda la escala jerárquica del gobierno que dio cauce a esta ingente salida de fondos públicos, sin ningún control de inversión. Sergio Schoklender aparece en fotografías de actos gubernamentales, junto a Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Hebe Bonafini, y otras autoridades, como hombre de prominente actuación pública. Es decir, la participación que tenía estaba moralmente respaldada por el equipo gobernante, quien no consideró necesario establecer un control legal sobre el movimiento de los fondos que manejaba y disponía como le placía. La responsabilidad está a la vista. Ante la inercia del Poder Judicial correspondería actuar al Poder Legislativo. Este es nuestro sistema institucional.
Por otra parte, hay que tener siempre presente lo que Jesús dijo a sus discípulos: "No juzguen, para no ser juzgados. Porque con el criterio con que ustedes juzguen, se los juzgará, y la medida con que midan, se usará para ustedes. (Mateo 7, 1-5)
Enviado por Hugo César Renés
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