En Michoacán, ante el clima de inseguridad, extrema violencia y abuso a todos los niveles, la sociedad ha tomado la decisión de organizarse y enfrentar a las bandas de criminales que azotan la región. En realidad no se trata de la sociedad en abstracto, es un contingente poli-clasista, donde los campesinos, indígenas y los trabajadores, los más agredidos por estas mafias, quienes han tomado la justicia en sus manos ante la incapacidad y negligencia del los gobiernos federal y estatal. En el curso de estas batallas que autodefensas y las policías comunitarias han protagonizado, ha quedado evidenciado que el poder e impunidad de los narcotraficantes encuentra su razón de ser en la complacencia y complicidad por parte del gobierno en sus tres niveles: federal, estatal y municipal.
Los sucesos de Michoacán representan la prueba más contundente de ello. Años que en la entidad el crimen organizado transitó y vivió a su antojo ante la ausencia de una respuesta por parte del poder político, y no fue sino hasta la aparición de brigadas de autodefensa que el gobierno priista recordó cuáles son la funciones que había dejado de hacer.
Pero no las realiza de manera imparcial. Irónicamente el ejército y las fuerzas de coerción aparecen precisamente cuando las brigadas de autodefensa más avanzan en contra de las bandas de criminales y comienzan a poner en verdadero peligro su existencia. Y no llegan en apoyo para dar el golpe de muerte a la banda de Los Caballeros Templarios, sino para exigirle a los grupos organizados que se desarmen de inmediato.
El “narcofílico” secretario de Gobernación, Soberbio Chong, lejos de llegar a combatir al crimen organizado, en su primera declaración afirma que será severo e inflexible con los grupos armados. Y en su primera acción deja constancia plena de su intolerancia hacia las brigadas de autodefensa a quienes combatió dejando como saldo varios campesinos muertos, entre ellos una niña de once años.
De deponer las armas, tal como quiere el gobierno, Las Autodefensas se pondrían la soga al cuello, pues quedarían completamente a merced nuevamente de las bandas criminales y de sus venganzas.
Reivindicamos el derecho que tiene el pueblo a defenderse ante el crimen organizado. Reivindicamos el derecho que les asiste a las Autodefensas y a las Policías comunitarias al control de las armas y a sus formas de organización para la defensa de sus intereses. ¡No al desarme de los grupos de autodefensa!
Denunciamos el encubrimiento y protección del poder político hacia el crimen organizado y la confabulación que mantiene con éste en el negocio de la droga.
Denunciamos que en lo que va del gobierno de EPN no ha cedido ni un ápice la inseguridad y la violencia por parte de las bandas criminales. Al contrario, muertes y secuestros van en ascenso.
Complicidad e ineficacia han quedado demostradas en la Secretaría de Gobernación. ¡Exigimos la renuncia de Osorio Chong! ¡Exigimos castigo a los responsables de las muertes en el desarme de grupos de autodefensa en Michoacán! ¿Libertad a todos los presos políticos de las Policías Comunitarias!
Partido Obrero Socialista
Enero de 2014
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