“Cada guerra es una destrucción del espíritu humano”. Henry Miller
Después de haber girado copernicana e injustificadamente en la relación con Irán, y con ello incluido a la Argentina en la lista de países a los que el mundo occidental consideran parias por su apoyo al tiránico régimen de los ayatollahs, y de haber entregado la rendición de la nación –Aguinis dixit- con el invento de proponer que se juzgue a los terroristas reclamados en un tercer país y con jueces locales, es obvio que doña Cristina ha decidido no respetar límite alguno a su voluntad.
Pero, desde el divorcio con Clarín, el escenario político nacional ha cambiado en forma dramática. El cristi-kirchnerismo ha perdido el apoyo de los aliados esenciales con los que contó hasta las elecciones de octubre de 2011 y, de su mano, también el control de la calle; hoy se puede decir que una de las profesiones más peligrosas de la Argentina es ser amigo de este gobierno, que tan mal paga los servicios prestados.
Han emigrado del oficialismo la CGT de Moyano –recordemos el acto en la Avda. 9 de Julio, cuando llamó a la multitud a votar por Cristina-, organizaciones sociales como Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, e integrantes de la izquierda como el Partido Obrero o la Federación Agraria. Tampoco pudo conquistar a la UATRE, del Momo Venegas, a los estudiantes universitarios –los jóvenes tan buscados- que optaron, en un 93%, por votar contra el “modelo”, o a la CTA de Micheli. En el peor escenario posible, todos ellos han aceptado actuar conjuntamente en la protesta contra el Gobierno, y han convocado al primer paro nacional que abofeteará a un Kirchner en todo su reinado.
Por su parte, la clase media –como sucede en el mundo entero- ha perdido el miedo al ritmo del enflaquecimiento de la economía, y los problemas de ésta han dado una inhabitual presencia a la corrupción, a la inseguridad y a la inflación entre sus grandes preocupaciones, y estoy convencido que el 8 de noviembre multiplicará varias veces al 13 de septiembre.
El Gobierno, para mantener controladas a las fuerzas armadas y de seguridad en actividad, pagaba sueldos razonables pero, con el retiro y dado que gran parte del salario era “en negro”, llegaba el hambre; así, con ese duro látigo, consiguió abortar, en su origen, cualquier signo de rebeldía. La huelga de los prefectos y de los gendarmes se produjo cuanto éstos descubrieron que, aún portándose como se les exigía, el simple transcurso del tiempo los llevaba al infierno jubilatorio, y pusieron al “modelo” en un brete de hierro porque, si concede cuanto se le pide, el descontento se extenderá por toda la administración pública y en los tres niveles –nación, provincia y municipio-, con un impacto fiscal imposible de soportar en estas horas de vacas flacas.
Los jubilados, presentes y futuros, contemplan con horror cómo se sangra a la Anses, tanto en préstamos directos al Gobierno cuanto en la financiación de los más disparatados proyectos. Con la rebelión de los gendarmes, además, descubrieron que, como gran parte de los salarios del Estado son “no remunerativos”, el Gobierno deja de aportar al Fondo de Sustentabilidad más de la mitad de lo que debería.
Este breve diagnóstico permite concluir que, con certeza, el oficialismo no dispondrá de los votos parlamentarios necesarios para encarar una reforma constitucional que, como adicional, permita la re-reelección de doña Cristina. Tiene ya fecha de vencimiento cierta, y no podrá renovar el paraguas que, en Comodoro Py, permite a sus funcionarios actuales y pasados conservar su libertad y su patrimonio. ¿Qué cabe esperar de los jueces que nunca se venden, sino que se alquilan, al ocupante de la Casa Rosada?; tal vez, el procesamiento de algunos de los responsables del crimen de Once pueda servir como una muestra de ello.
Así llegamos a la pregunta que da título a esta nota. En este escenario, tan complicado para sus aspiraciones y donde la ciudadanía, aún aquélla que no piensa bien de Clarín, ha descubierto que está en juego la libertad –en general y, de prensa, en particular-, doña Cristina y sus lenguaraces han transformado al 7D en una réplica local del desembarco en Normandía.
En realidad, y hablo como abogado, ese día no pasará nada relevante en Tribunales. Si el nuevo Juez designado para ocuparse de este pleito decidiera algo, la parte –el Gobierno o Clarín- que se sienta perjudicada por el fallo lo apelará y, más tarde, será la Cámara de Apelaciones, o la Corte si prospera la ley del per saltum, quien decida finalmente. Ni las patoteadas de Alak ni las bravuconas de los senadores Fernández y Funes o de la diputada Conti pueden modificar esa realidad procesal, por lo cual no merece, desde ese ángulo, mayores comentarios.
El tema son las vías de hecho a las que puede recurrir el Gobierno para imponer, ese día, su voluntad. Y es aquí donde ese escenario que describí antes adquiere una relevancia particular. ¿Se atreverá doña Cristina a tomar, manu militari, las empresas del grupo Clarín? Por la información con que cuento, muchos gendarmes y prefectos han hecho consultas con abogados acerca de la legalidad de una orden de ese tipo, y sobre las posibilidades de responsabilidades penales para quienes las ejecuten; el descontento salarial y el corte horizontal en la cadena de mando son otros componentes a tener en cuenta si se piensa en una acción de este tipo.
Entonces, ¿qué hará? Porque, como todos sabemos, los Kirchner son reacios a retroceder y, mucho menos aún, después de haberse revestido tan bélicamente para un hecho concreto. Desde el punto de vista de la señora Presidente, que no pasara nada el 7D sería visto como una derrota del oficialismo en toda la regla y eso es algo que, en su mentalidad, no es siquiera admisible. Si la concentración del 8 de noviembre tiene el éxito esperado –y eso preocupa mucho al Gobierno- es dable pensar que surjan, espontáneamente, muchos voluntarios para integrar una barrera humana que impida una invasión a las empresas del grupo Clarín. Si eso se produce, ¿aún así seguirá adelante la Casa Rosada? ¿Y con qué fuerzas?
Diciembre promete ser, en cualquiera de las hipótesis, un mes caliente en la Argentina, en especial porque la ciudadanía no parece estar dispuesta a tolerar ningún avance más sobre las libertades que la Constitución garantiza.
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