28 de enero de 2012
Por Raúl Dellatorre
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A las conductas abusivas y la estructura monopólica del mercado se suma el problema de una producción declinante. Detrás de la denuncia a las petroleras y el cambio de estrategia del Gobierno, surge el debate en torno de la reestatización de YPF.
La demanda contra cinco petroleras por abuso de posición dominante y cartelización de precios en la venta de gasoil entrará esta semana en etapa de definiciones. Las refinadoras deberían retrotraer el diferencial de precios que aplican en contra de las firmas transportistas, cumpliendo una resolución cautelar de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, a menos que logren que la Cámara de Apelaciones dicte un amparo a su favor en forma inmediata. Quienes estudiaron la denuncia, sostienen que difícilmente un juez podría obviar “las contundentes evidencias” del carácter arbitrario con el que se determinó un precio mayorista (ventas a granel) superior al minorista (en surtidor).
Pero más allá del hecho coyuntural quedó plasmado, primero con la denuncia y luego en el discurso presidencial del 25 de enero, la preocupación del Gobierno por un problema de carácter estructural, el oligopolio en el sector de hidrocarburo y combustibles, que amenazan hacer del conflicto un escenario permanente.
En el marco de la reunión con gobernadores de las provincias petroleras ya se empezó a plantear, al menos como hipótesis, la alternativa de volver a una empresa estatal integrada, desde la extracción de petróleo hasta la comercialización. La bandera de la renacionalización de YPF vuelve a asomarse en el horizonte.
En el entorno del Gobierno ya se plantea con fuerza que las políticas correctivas a las conductas monopólicas en el sector petrolero tienen límites muy estrechos. Legisladores, especialistas y también funcionarios de primera línea participan de un debate que ya incorpora, como alternativa explícita, la recuperación de una petrolera estatal y, más concretamente, la renacionalización de YPF. El planteo llegó al seno de la última reunión de gobernadores, pero tampoco habría sido ajeno a los argumentos en base a los que se formuló la denuncia contra las petroleras por sobreprecios en la venta de gasoil.
Una semana después de que el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el vicepresidente Amado Boudou denunciaran a las petroleras por sobreprecios en el gasoil, el primero se reunía en Buenos Aires con los gobernadores de provincias petroleras. Era el miércoles 25, pocas horas antes de la esperada reaparición pública de la Presidenta de la Nación tras su convalecencia. El encuentro venía precedido de varios contactos previos entre los mismos interlocutores. El tema central: evaluar el comportamiento de las petroleras en materia de inversión en desarrollo de áreas para la producción en los últimos años.
El diagnóstico partía de una serie de datos preocupantes. La producción de crudo viene en paulatino e ininterrumpido descenso desde 2002 a la fecha, habiendo cedido en ese período en más de 10 millones de metros cúbicos (de 43,9 a casi 33 estimados para todo 2011). La provincia más castigada por ese retroceso resultó Neuquén, que de 14 millones de metros cúbicos pasó a producir alrededor de la mitad el año recién finalizado. Y perdió participación en la torta de producción nacional, de la cual representaba el 32 por ciento hace diez años y ahora apenas pasa el 22. Santa Cruz y Mendoza también vieron caer sus niveles de producción, la primera de 9,5 millones a cerca de 6 millones en el último año, y la provincia cuyana de 7 a 5 millones entre estos mismos diez años. Sólo Chubut quedó algo mejor parada entre las cuatro principales productoras; con una relativa estabilidad en sus niveles de producción, vio crecer su participación del 18 por ciento en 2002 (era la tercera) al 27 por ciento actual (mayor productora de crudo del país).
Ello no sólo afectó a los recursos de las provincias, sino que además dejó al país más dependiente de la importación de hidrocarburos (para refinar) y combustibles para abastecer una creciente demanda interna. Este, en realidad, fue el punto inicial de preocupación del gobierno nacional que movilizó la convocatoria a las provincias para resucitar la Ofephi, la organización federal de provincias productoras de hidrocarburos, que mientras tuvo a Mario Das Neves (ex gobernador de Chubut) de presidente, prácticamente se mantuvo inactiva.
En cuanto al comportamiento de cada una de las empresas petroleras, aparecen algunos datos que pueden apurar las conclusiones. Según el estudio sobre el que trabajó la Ofephi, en los últimos cinco años (2006 a 2011), YPF perdió producción por más de un millón de metros cúbicos (pasó de 13,7 a 12,4 millones, con cifras provisorias para el último año). La producción de la ex petrolera estatal sólo creció en ese período en la provincia de Mendoza, pero cayó fuertemente en Santa Cruz y Neuquén. En opinión de los mandatarios patagónicos, los resultados denotan la falta de interés inversor de la compañía y el descuido en aspectos vinculados a las condiciones de explotación, que sería en parte responsable del creciente estado de conflicto con los trabajadores en esas regiones (ver nota de opinión de Claudio Scaletta).
La declaración que emitió la Ofephi tras el encuentro es contundente al señalar la responsabilidad de las empresas petroleras en la falta de inversión, aunque es más contemplativa en su propuesta al convocar a un pacto federal que comprometa el esfuerzo para mejorar las condiciones de abastecimiento de combustibles.
Pero desde un ámbito político, incluso vinculado a los propios gobernadores que emitieron el comunicado, se cree que el escenario de conflicto que quedó montado no se desarmará con facilidad. Las relaciones con YPF están seriamente complicadas, y no es un dato coyuntural ni reciente. La caída en el esfuerzo de inversión para mejorar la producción de la empresa viene de hace por lo menos dos años. El Gobierno, en particular la Presidenta de la Nación, había apostado a una recuperación a partir de los más recientes descubrimientos, tanto en hidrocarburos en forma no convencional (shale oil and gas) como convencional. Pero no fue así. Son varios los que advierten que el Gobierno empezó a cambiar la estrategia en la materia.
En el contenido de la denuncia que se formuló ante la Comisión de Defensa de la Competencia por los sobreprecios al gasoil aparecen algunas probables claves de esa nueva estrategia. Allí se refleja claramente el carácter monopólico del mercado, con una posición dominante absoluta por parte de YPF con una proporción de la oferta cercana al 60 por ciento. Pero, además, se revela “una conducta empresaria abusiva”, refieren quienes estudiaron la causa, a través de “un insólito sobreprecio en la venta mayorista de gasoil, frente a un cliente en total estado de vulnerabilidad, sin capacidad de negociación y frente a la necesidad de un insumo imprescindible y sin posibilidad de espera en el abastecimiento, para poder mover sus vehículos”. Los mayores sobreprecios, entre las empresas denunciadas, corresponderían a las ventas de YPF.
La “condición estructural” del mercado, un esquema oligopólico con una empresa dominante, aparece acompañada por “una conducta empresaria abusiva”, que daña la justa distribución de recursos. Pero, además, tiene como resultado la retracción de la oferta de un insumo imprescindible para el modelo económico y el interés general. La aplicación de “correctivos” a la conducta empresaria –como lo eran las advertencias y sanciones a Shell, en su momento–, en este caso parece insuficiente. La respuesta vendría esta vez por un cambio en “las condiciones estructurales”, mediante la reaparición de la empresa estatal en la escena. De esto ya se conversa en diferentes ámbitos próximos y al interior del Gobierno, aunque nadie pueda adelantar el capítulo final de la historia.
La demanda contra cinco petroleras por abuso de posición dominante y cartelización de precios en la venta de gasoil entrará esta semana en etapa de definiciones. Las refinadoras deberían retrotraer el diferencial de precios que aplican en contra de las firmas transportistas, cumpliendo una resolución cautelar de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, a menos que logren que la Cámara de Apelaciones dicte un amparo a su favor en forma inmediata. Quienes estudiaron la denuncia, sostienen que difícilmente un juez podría obviar “las contundentes evidencias” del carácter arbitrario con el que se determinó un precio mayorista (ventas a granel) superior al minorista (en surtidor).
Pero más allá del hecho coyuntural quedó plasmado, primero con la denuncia y luego en el discurso presidencial del 25 de enero, la preocupación del Gobierno por un problema de carácter estructural, el oligopolio en el sector de hidrocarburo y combustibles, que amenazan hacer del conflicto un escenario permanente.
En el marco de la reunión con gobernadores de las provincias petroleras ya se empezó a plantear, al menos como hipótesis, la alternativa de volver a una empresa estatal integrada, desde la extracción de petróleo hasta la comercialización. La bandera de la renacionalización de YPF vuelve a asomarse en el horizonte.
En el entorno del Gobierno ya se plantea con fuerza que las políticas correctivas a las conductas monopólicas en el sector petrolero tienen límites muy estrechos. Legisladores, especialistas y también funcionarios de primera línea participan de un debate que ya incorpora, como alternativa explícita, la recuperación de una petrolera estatal y, más concretamente, la renacionalización de YPF. El planteo llegó al seno de la última reunión de gobernadores, pero tampoco habría sido ajeno a los argumentos en base a los que se formuló la denuncia contra las petroleras por sobreprecios en la venta de gasoil.
Una semana después de que el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el vicepresidente Amado Boudou denunciaran a las petroleras por sobreprecios en el gasoil, el primero se reunía en Buenos Aires con los gobernadores de provincias petroleras. Era el miércoles 25, pocas horas antes de la esperada reaparición pública de la Presidenta de la Nación tras su convalecencia. El encuentro venía precedido de varios contactos previos entre los mismos interlocutores. El tema central: evaluar el comportamiento de las petroleras en materia de inversión en desarrollo de áreas para la producción en los últimos años.
El diagnóstico partía de una serie de datos preocupantes. La producción de crudo viene en paulatino e ininterrumpido descenso desde 2002 a la fecha, habiendo cedido en ese período en más de 10 millones de metros cúbicos (de 43,9 a casi 33 estimados para todo 2011). La provincia más castigada por ese retroceso resultó Neuquén, que de 14 millones de metros cúbicos pasó a producir alrededor de la mitad el año recién finalizado. Y perdió participación en la torta de producción nacional, de la cual representaba el 32 por ciento hace diez años y ahora apenas pasa el 22. Santa Cruz y Mendoza también vieron caer sus niveles de producción, la primera de 9,5 millones a cerca de 6 millones en el último año, y la provincia cuyana de 7 a 5 millones entre estos mismos diez años. Sólo Chubut quedó algo mejor parada entre las cuatro principales productoras; con una relativa estabilidad en sus niveles de producción, vio crecer su participación del 18 por ciento en 2002 (era la tercera) al 27 por ciento actual (mayor productora de crudo del país).
Ello no sólo afectó a los recursos de las provincias, sino que además dejó al país más dependiente de la importación de hidrocarburos (para refinar) y combustibles para abastecer una creciente demanda interna. Este, en realidad, fue el punto inicial de preocupación del gobierno nacional que movilizó la convocatoria a las provincias para resucitar la Ofephi, la organización federal de provincias productoras de hidrocarburos, que mientras tuvo a Mario Das Neves (ex gobernador de Chubut) de presidente, prácticamente se mantuvo inactiva.
En cuanto al comportamiento de cada una de las empresas petroleras, aparecen algunos datos que pueden apurar las conclusiones. Según el estudio sobre el que trabajó la Ofephi, en los últimos cinco años (2006 a 2011), YPF perdió producción por más de un millón de metros cúbicos (pasó de 13,7 a 12,4 millones, con cifras provisorias para el último año). La producción de la ex petrolera estatal sólo creció en ese período en la provincia de Mendoza, pero cayó fuertemente en Santa Cruz y Neuquén. En opinión de los mandatarios patagónicos, los resultados denotan la falta de interés inversor de la compañía y el descuido en aspectos vinculados a las condiciones de explotación, que sería en parte responsable del creciente estado de conflicto con los trabajadores en esas regiones (ver nota de opinión de Claudio Scaletta).
La declaración que emitió la Ofephi tras el encuentro es contundente al señalar la responsabilidad de las empresas petroleras en la falta de inversión, aunque es más contemplativa en su propuesta al convocar a un pacto federal que comprometa el esfuerzo para mejorar las condiciones de abastecimiento de combustibles.
Pero desde un ámbito político, incluso vinculado a los propios gobernadores que emitieron el comunicado, se cree que el escenario de conflicto que quedó montado no se desarmará con facilidad. Las relaciones con YPF están seriamente complicadas, y no es un dato coyuntural ni reciente. La caída en el esfuerzo de inversión para mejorar la producción de la empresa viene de hace por lo menos dos años. El Gobierno, en particular la Presidenta de la Nación, había apostado a una recuperación a partir de los más recientes descubrimientos, tanto en hidrocarburos en forma no convencional (shale oil and gas) como convencional. Pero no fue así. Son varios los que advierten que el Gobierno empezó a cambiar la estrategia en la materia.
En el contenido de la denuncia que se formuló ante la Comisión de Defensa de la Competencia por los sobreprecios al gasoil aparecen algunas probables claves de esa nueva estrategia. Allí se refleja claramente el carácter monopólico del mercado, con una posición dominante absoluta por parte de YPF con una proporción de la oferta cercana al 60 por ciento. Pero, además, se revela “una conducta empresaria abusiva”, refieren quienes estudiaron la causa, a través de “un insólito sobreprecio en la venta mayorista de gasoil, frente a un cliente en total estado de vulnerabilidad, sin capacidad de negociación y frente a la necesidad de un insumo imprescindible y sin posibilidad de espera en el abastecimiento, para poder mover sus vehículos”. Los mayores sobreprecios, entre las empresas denunciadas, corresponderían a las ventas de YPF.
La “condición estructural” del mercado, un esquema oligopólico con una empresa dominante, aparece acompañada por “una conducta empresaria abusiva”, que daña la justa distribución de recursos. Pero, además, tiene como resultado la retracción de la oferta de un insumo imprescindible para el modelo económico y el interés general. La aplicación de “correctivos” a la conducta empresaria –como lo eran las advertencias y sanciones a Shell, en su momento–, en este caso parece insuficiente. La respuesta vendría esta vez por un cambio en “las condiciones estructurales”, mediante la reaparición de la empresa estatal en la escena. De esto ya se conversa en diferentes ámbitos próximos y al interior del Gobierno, aunque nadie pueda adelantar el capítulo final de la historia.
Frente Tranversal Nacional y Popular
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