El país está flotando sobre una crisis institucional, latente y peligrosa. La desataron funcionarios cristinistas que acorralan a los jueces y al periodismo independiente. Un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial es inminente. El Grupo Clarín podría ser intervenido en las próximas horas y parte del paquete accionario de Papel Prensa sería confiscado en pocas semanas. Es la expresión más cabal del terrorismo simbólico de un Estado cuyas autoridades nacieron democráticas.
La Argentina cristinista ya pertenece por derecho propio a un exótico club de países latinoamericanos (Venezuela, Ecuador y Nicaragua, sobre todo), que se propuso cambiar la cultura democrática, el sistema político y las reglas del juego con votos conseguidos con otras promesas.
Cuentan las pocas voces del oficialismo que hablan que fue Cristina Kirchner, no otro funcionario, quien ordenó cada una de las cosas que sucedieron en los últimos días. Algunos escribidores suyos, pocos, son los encargados de darles luego a esas órdenes un relativo contenido legal. La Presidenta está cada vez más aislada, perseguida por la conspiración supuesta de muchos fantasmas, con poco diálogo con sus propios funcionarios, acorralada por denuncias de corrupción y sitiada por una crisis económica que sus ineptos colaboradores no pueden resolver.
Ha decidido cambiar los jueces, los únicos que hasta ahora le han puesto ciertos límites, y cerrarle la boca al periodismo independiente, que exhibe el lado oscuro del cristinismo.
Ese lado en el que la Sierra Maestra de sus jóvenes naufraga entre euros mal habidos y el blanqueo de dólares evadidos o corruptos. Resolvió sobrevivir asestándole un golpe dosificado, pero constante, al Estado de Derecho.
La confiscación de acciones de Papel Prensa propuesta por los diputados Carlos Kunkel y Diana Conti pasó, indudablemente, por la autorización presidencial. Es el final de un largo proceso en el que fracasaron todos los intentos anteriores del Gobierno para controlar la única fábrica argentina de papel para diarios, propiedad mayoritaria de los diarios LA NACION y Clarín.
Denuncias de delitos de lesa humanidad en el trámite de su compra inicial que eran meras calumnias. Ningún juez avaló esas denuncias y hasta los fiscales prokirchneristas se encontraron sin pruebas. Dos intervenciones judiciales que terminaron con los interventores enfrentados con Guillermo Moreno. Relevo de la conducción de la Comisión Nacional de Valores para ejercer una insoportable presión que también fue estéril. El propio Moreno le ofreció a LA NACION, en su momento, la compra de sus acciones para que el Estado se hiciera de la mayoría de la propiedad de la empresa papelera. Sin ningún respaldo legal, el cristinismo está a punto de controlar la producción nacional de papel para diarios y la importación de ese insumo básico del periodismo gráfico.
El Gobierno no pudo conseguir nada por vías más o menos legales para cumplir el viejo propósito de Moreno: Hay que bajarle el precio a Papel Prensa y luego hacerla nuestra, dijo poco después de la primera embestida contra la fábrica de papel, hace cuatro años. Es parecida a una frase más reciente de Kunkel: No queremos matar al diario LA NACION; lo queremos quebrado para comprarlo barato. Nadie puede negarles coherencia ni precisión en el ejercicio político de la maldad: están intentando ese proyecto con el cepo publicitario, con la confiscación de Papel Prensa y con la persecución impositiva.
En el caso del Grupo Clarín, el Gobierno aplicaría la nueva ley de reforma del mercado de capitales, que estableció que la Comisión Nacional de Valores, controlada por el kirchnerismo, podría designar por sí sola veedores en empresas que cotizan en Bolsa y, también, intervenir la administración de esas empresas (es decir, los directorios) por 180 días. Los veedores tienen la facultad de vetar las decisiones de la mayoría en nombre de la minoría de accionistas. En su reciente y circense irrupción en la asamblea de ese grupo periodístico, Moreno criticó al directorio por ineficiente, caro e improductivo. Fueron los argumentos de una posterior intervención.
Fuentes oficiales confirmaron que veedores e interventores están siendo preparados para desembarcar en Clarín. ¿Para qué lo harían? ¿Acaso sólo para meter la mano en la caja de la empresa? Improbable. Las primeras decisiones de esas eventuales intervenciones serían el desplazamiento de Jorge Lanata, cuyas investigaciones desquiciaron a la Presidenta, y el control kirchnerista de las redacciones del diario Clarín, de Canal 13, de TN y de Radio Mitre.
Cristina Kirchner no le teme ya a la segura reacción social que provocarán esas medidas ni a la casi unánime crítica internacional que recibirá. Es una persona que ha decidido ignorar los límites políticos e institucionales que objetivamente tiene. Lo haría, además, justo en el momento de mayor decadencia en las encuestas de opinión pública.
La última que recibió, de una conocida agencia de mediciones, indicó que tanto ella como Daniel Scioli cayeron verticalmente en la medición de simpatías en la provincia de Buenos Aires. Sólo Sergio Massa conservó sus buenos índices de popularidad e intención de votos, aunque Francisco de Narváez está ahora mejor que cualquier candidato de Cristina. Una derrota en la provincia de Buenos Aires hundiría definitivamente cualquier ilusión re-reeleccionista.
La enorme dosis de maldad tiene, en efecto, una innegable precisión. El Congreso acaba de sancionar la ley que establece la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. Cristina Kirchner convocó a elecciones primarias abiertas para el 11 de agosto, pero no dijo nada de los consejeros. Ella debe promulgar la ley del Congreso, pero los jueces suponen que no lo hará. Esperará la promulgación automática, que se producirá el 22 de mayo. Entre ese día y el 12 de junio, cuando vencerá el plazo para que se inscriban alianzas, quedarán sólo catorce días hábiles para que la Justicia decida sobre la constitucionalidad de esa decisión.
El caso caerá en la justicia electoral. El radicalismo prepara presentaciones simultáneas ante 65 jueces federales de todo el país para pedir la inconstitucionalidad de la ley. Otras organizaciones civiles y profesionales harán lo mismo. Es probable que el Gobierno recurra a recusaciones masivas de magistrados para estirar los tiempos.
Será decisiva la gestión que cumplirá la jueza electoral María Servini de Cubría. Su primera sentencia será esencial para abrirle paso a la segunda instancia, la Cámara Nacional Electoral, o para habilitar el per saltum por parte de la Corte Suprema de Justicia. La declaratoria de inconstitucionalidad de esa ley tiraría abajo el proyecto kirchnerista de someter a los jueces y derrotar al Poder Judicial.
La reciente designación de jueces subrogantes mostró las intenciones verdaderas del cristinismo. Hay juzgados vacantes en todo el país, pero sólo nombró suplentes en dos cámaras. En la Cámara Federal Civil y Comercial, que tenía el caso Clarín por la ley de medios, y en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que deberá revisar la investigación judicial sobre el empresario kirchnerista Lázaro Báez, acusado de lavado de dinero. Uno de los designados fue abogado o colaborador estrecho del propio Báez. Defensor, socio y juez al mismo tiempo: el paraíso judicial.
Una embrionaria revolución se está produciendo, mientras tanto, contra la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, que cuestionó al fiscal Guillermo Marijuan el mismo día en que éste había recibido dos serias amenazas contra él y su familia. Ni una sola palabra de solidaridad. Gils Carbó fue injusta; acusó a Marijuan de no investigar el caso de Hernán Arbizu, un ex empleado del banco J. P. Morgan que denunció a varias empresas, a Clarín entre ellas, de evasión.
Al día siguiente, Marijuan le envió a Gils Carbó una voluminosa carpeta con todos los requerimientos que hizo en el caso Arbizu. La investigación se frenó cuando tropezó con la habitual reticencia norteamericana para transferir información judicial. Arbizu está prófugo de la justicia de los Estados Unidos por robo de dinero a los clientes del banco.
Lo cierto es que Marijuan debía apelar un fallo que sobreseyó a Gils Carbó por nombrar fiscales que no estaban debidamente designados. Lo amenazaron para que no apelara contra su jefa ese increíble sobreseimiento del flamante juez Sebastián Casanello. Todos los fiscales de instrucción le propusieron a Marijuan firmar juntos la apelación de una decisión que beneficiaba a su propia jefa. Fue el principio de un enorme motín de fiscales que frenó a tiempo el propio Marijuan.
Golpe tras golpe. Trampas sorpresivas. Aniquilamiento mediático, legislativo o administrativo de los adversarios. ¿Qué es todo eso si no la definición de un terrorismo simbólico de Estado?
Fuente: www.atlas.org.ar
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