La libertad en la Argentina aún no ha muerto, pero se encuentra en terapia intensiva, con pronóstico reservado.
A partir del 10 de diciembre, cuando las mayorías cristi-kirchneristas ocuparon sus bancas en ambas cámaras del Congreso, a las cuales se sumaron en un alegre jolgorio los aliados “progresistas”, el Parlamento argentino ha degradado aún más su papel, cayendo en la más abyecta obsecuencia. Eso le ha permitido actuar como mero colocador de sellos de aprobación, sin fingir siquiera debates, en proyectos de ley que, enviados por el Poder Ejecutivo, cercenan los más básicos derechos humanos de los argentinos.
Resulta válido citar aquí a José Enrique Miguens, ese sociólogo y pensador con mayúsculas, recientemente desaparecido: “Sólo faltaría, para completar el cuadro, autorizarlo a aplicar penas de prisión para consolidar su dominio total. Pero pienso que no lo necesita, porque tiene medios, mediante sus patotas a sueldo en todo el país, para atemorizar a la gente e impedir hablar a sus oponentes”. Porque, desde ayer, según ese infame personaje que preside la UIF, don Sbatella, la ley antiterrorista sancionada la semana pasada lo permitirá.
La nota de Miguens, “Darse Cuenta”, que por su excelencia he mencionado en muchos de mis artículos y que insisto en poner a disposición del lector, si me la pide, es de una claridad meridiana, y utiliza la triste historia del final de la República de Weimar para, en ese momento, predecir el futuro nacional. Doña Cristina y, sobre todo, la anomia de los argentinos, lo han confirmado en el presente.
Ya el Presupuesto 2012, con su sanción, implicó la convalidación de gigantescas falsedades –inflación, crecimiento, etc.- que facultarán a la señora Presidente continuar, si las circunstancias exógenas lo permiten, disponiendo a su exclusivo arbitrio de enormes fondos que, como nos han enseñado desde 2003, serán usados para acumular, si cabe, aún más poder y, con certeza, mayor capacidad para disciplinar voluntades.
Por su parte, la extensión de una ya injustificable emergencia económica, que permite tanto el abusivo uso de los decretos de necesidad y urgencia cuanto la facultad al Jefe de Gabinete de reasignar partidas, desnuda la realidad esencial de ese Presupuesto -que, debiéramos recordarlo todos, es la “ley de leyes”- al demostrar que se trata sólo de papel pintado.
La ley de transparencia financiera, defendida por el oficialismo como un requisito de la comunidad internacional para excluirnos de la lista de los países tolerantes del lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas, de la corrupción y del terrorismo, y sancionada luego de incorporar al proyecto una norma de protección a la protesta social, en manos de un demente como Sbatella, que no reconoce límite alguno a la hora de cumplir, “con obediencia debida”, todos los deseos de sus mandamases, servirá para perseguir a todos los periodistas independientes, cuando éstos describan la realidad económica y ésta no se adecúe al “relato” oficial. Si no es así, ¿por qué el jefe de la UIF dijo el miércoles que los medios de prensa que “aterrorizaran” a la población y se convirtieran en “potenciales instigadores” de corridas bancarias o cambiarias serían catalogados de terroristas?
Hace poco, una brillante cronista e investigadora, Romina Manguel, escribió un libro, “Yo te avisé”, en el cual describe, con precisión quirúrgica, las actitudes y las conductas previas de varios personajes de la historia nacional reciente que, luego, se transformaron en presidentes. Y se pregunta por qué los argentinos protestamos cuando, al ejercer la primera magistratura, simplemente hicieron lo mismo.
Cualquiera que haya seguido con algún detenimiento el proceder de don Néstor (q.e.p.d.) como Gobernador de Santa Cruz frente a la prensa local, tiene en sus manos las pruebas de los crímenes que, contra la libertad de ésta, cometerá doña Cristina utilizando la mentirosa ley de regulación de la producción y distribución del papel de diario, sancionada por este pseudo Congreso de la democracia el jueves.
Si no bastara con ello, también podría recurrir a la conducta de ambos Kirchner en lo que al manejo de la publicidad oficial se refiere; medios adictos, aún cuando su tirada sea absolutamente insignificante, reciben el masivo y cuantioso apoyo de la Casa Rosada, que se niega –desconociendo así una sentencia de la Corte Suprema- a incluir esa publicidad en los órganos de prensa que disienten con el “relato”.
No resulta superfluo recordar aquí el texto del artículo 29 de la Constitución Nacional: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarlessumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”. Es un sayo complicado y cae sobre todos los legisladores que, a lo largo del oscuro período kirchnerista, han transformado estas prohibiciones y nulidades en una costumbre genuflexa y permisiva, pero lamentablemente dudo que alguna vez tengan que comparecer ante el tribunal de la Historia.
Con un Congreso en el cual las mayorías, más automáticas que nunca, ignoran por completo a las minorías, culpa de lo cual también recae en éstas mismas, la última trinchera de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos contra la arbitrariedad del Ejecutivo debiera ser, por imperio constitucional, el Poder Judicial.
Pero estamos hablando de un poder que, encabezado por esta corta Corte, presidida por don Lorenzetti –que ha reconocido, públicamente, aplicar en sus fallos “¡políticas de Estado!” consensuadas con la Casa Rosada- y que tolera que sus sentencias sean olímpicamente ignoradas por doña Cristina –como antes por don Néstor (q.e.p.d.)-, como en los casos del Procurador Sosa, las jubilaciones y el Riachuelo, no parece dispuesto a reaccionar en modo alguno.
Debemos entender, todos, que si de última trinchera se trata, ésta será absolutamente enclenque y débil, ya que se encuentra bajo el férreo control de los comisarios políticos de los Kirchner, sea en el Consejo de la Magistratura –que, con la complicidad de don Fargosi, convalidó concursos fraudulentas y designaciones de jueces indignos-, sea en el Fuero Criminal Federal –algunos de cuyos jueces, que ya estaban en la servilleta de Corach, además están en manos del poder político por su pasado prostibulario o por su presente, enriquecido sin explicación-, sea en la propia Corte –que, sin hesitar y sin vergüenza, tolera que uno de sus integrantes haya sido descubierto como propietario de varios inmuebles en los que se ejercía la prostitución y no le ha requerido explicación pública alguna- y no estará dispuesta a “morir” en cumplimiento de su deber.
Se están cerrando, sobre la libertad de la Argentina, las mismas tenazas que aplicaron el papagayo caribeño en su Venezuela natal, Correa en Ecuador, Ortega en Nicaragua, los Castro en Cuba y hasta Putin y Medvédev en Rusia.
Lo verdaderamente trágico es que a los argentinos parece no importarles en absoluto esta amenaza, cada vez más concreta, al menos mientras pueden comprar autos, plasmas, vacaciones, fútbol y Tinelli. Masivamente votaron por una democracia degradada –Guillermo O’Donnell la llamó “delegativa”- en la cual los derechos ciudadanos se reducen a emitir un voto cada dos años y, en los entreactos, entregar todo el poder a los electos.
Es cierto; esta misma nota servirá como argumento para decir que aún hay libertad en la Argentina pero, como dije, ya está en terapia intensiva. Falta preguntarse, parafraseando a Serrat, “quien firmará que ha muerto de muerte natural”.
Bs.As., 26 Dic 11
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
