¿De qué hablamos cuando hablamos de Democracia?
Desde que el ex presidente Alfonsín, en su famosa frase, asoció democracia con comida, salud y educación, es muy frecuente leer o escuchar -tanto de funcionarios, dirigentes y famosos de toda laya, así como del común de la gente- que la democracia solo es democrática si es solidaria, justa, participativa, igualitaria; si reduce la pobreza, crea empleo y genera desarrollo. Y, sobre todo, si las decisiones del Gobierno están en línea con las opiniones, valores y creencias personales de uno mismo.
Sin embargo, es posible que la democracia no pueda con todo y con todos, en cuyo caso tarde o temprano deberíamos cuestionárselo, sin advertir que estaríamos pidiendo peras al olmo.
Etimológicamente, democracia significa gobierno del pueblo; es decir, el conjunto de decisiones que tienen que ver con la vida pública de una comunidad, tomadas por el pueblo, ya sea éste la totalidad de personas mayores de edad nacidas en un territorio o la definición que cada época y lugar permita, siempre y cuando se refiera razonablemente a un grupo atendible de numerosos de individuos capaces de tomar dichas decisiones.
Según la definición de uno de los politólogos más célebres -el italiano Giovanni Sartori- la democracia básicamente es divergencia y consenso acerca de los procedimientos, y no tanto respecto de los valores que la comunidad sostiene o de las políticas que los gobiernos llevan a cabo (Sartori, 1990).
Su connacional Norberto Bobbio, por otra parte, señala que la democracia formal es un conjunto de reglas que establecen quiénes están autorizados para tomar las decisiones colectivas, y bajo qué procedimientos, mientras que la democracia sustancial se refiere a un cierto conjunto de fines, sobre todo la igualdad (social, jurídica y económica); finalmente, aboga por una democracia perfecta, que contenga ambas definiciones (Pasquino, Bobbio y Mateucci, 1982).
En consecuencia, parece muy discutible que la democracia indique el contenido de las políticas que deben llevar adelante los gobernantes, aunque puede propiciar tendencias menos autoritarias y más consensuadas; acuerdos y no confrontaciones; tolerancia y no imposición.
Tal vez, como manera de salvaguardar el concepto democrático más formal, sobre el que casi no hay opiniones encontradas, deberían separarse los procedimientos de los contenidos, denominando a éstos con la ayuda de otras nociones sociológicas, económicas y políticas, que las hay a montones.
Así, las políticas de los gobiernos, y los gobiernos mismos, no podrán ser tildadas de democráticos o antidemocráticos por sus acciones sino únicamente debido a su origen. Por sus políticas podrá catalogárselos tan solo como más o menos igualitarios, socialistas o liberales, negociadores o confrontativos, abiertos o cerrados, populares o elitistas.
De esta forma, cualquier elección, plebiscito, consulta popular, referéndum o decisión popular podrá (deberá) ser asociada a democracia, sea o no precedida de una discusión pública, haya servido para consagrar a un presidente o para implementar una acción de gobierno.
(*) Docente e Investigador. Facultad de Ciencias Sociales (UBA)
dcabrera@fibertel.com.ar
dcabrera@fibertel.com.ar
Bibliografía
Pasquino, Gianfranco; Bobbio, Norberto y Mateucci, Nicola (1982): Diccionario de política, página 441, Siglo XXI, México.
Sartori, Giovanni (1990): Teoría de la democracia, Tomo 1, capítulo 5: “La democracia gobernada y la democracia gobernante”, página 124, Editorial Rei Argentina, Buenos Aires.
Abril de 2011
Fuente: Conexión 13
Enviado por Gretel Ledo (NGM)
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