Las paradojas del impuesto a las ganancias.
Las contradicciones son cotidianas, pero cuando de impuestos a las ganancias se trata, se presentan de un modo inocultable. Desde su denominación, hasta los prejuicios que subyacen en su implementación que le brindan cierta legitimidad, dan cuenta de este fenómeno.
El país debate tanto el asunto que una huelga de magnitudes relevantes ha puesto el tema como eje central de sus reclamos. El gobierno, al no actualizar el "mínimo no imponible", al menos al ritmo de la inflación real, al dejar virtualmente congelado el umbral para que opere dicho tributo, ha logrado que sean muchos más los que paguen este gravamen.
El hecho de que los "trabajadores" paguen el impuesto a las ganancias es un contrasentido en sí mismo. En todo caso, quienes realizan una actividad laboral reciben un salario a cambio de su esfuerzo. De ningún modo puede considerarse a ese ingreso como una utilidad o un beneficio extra.
Queda claro que los trabajadores no deberían pagar este impuesto, pero mucho más grave es que esta modalidad alcance a los jubilados. La compensación que ellos reciben mensualmente tiene que ver con lo que han aportado durante su vida activa y que se les ha descontado oportunamente.
Si el Estado desea cobrar un canon a los que reciben una remuneración por lo que hacen a diario, o por lo que han realizado en el pasado, al menos podrían, los gobernantes, tener la dignidad, la sensatez y el sentido común, de cambiarle el nombre al impuesto. Eso no le brindaría legitimidad alguna, pero haría que el latrocinio sea menos burdo, indecente y descarado.
Tan perverso es el esquema y su instrumentación, que algunos prefieren no percibir aumentos de haberes. Al ocurrir este suceso no solo no perciben mas dinero, sino que cobran menos que antes, por haber cometido el pecado de superar la emblemática línea del mínimo no imponible.
No menos absurdo es que los partidarios del populismo demagógico, que se dicen progresistas y que han hecho del incremento en el consumo una de sus banderas predilectas, apelen a quitar coercitivamente una parte importante de los ingresos a trabajadores y jubilados, limitando de ese modo, su genuina capacidad de compra, esa que nace del mérito propio.
Hoy la discusión parece estar centrada en el nivel en el que debería fijarse el mínimo no imponible. Habrá que decir que el gobierno no tiene el monopolio de los disparates. La sociedad tiene mucha responsabilidad al darle vigencia de las ideas que amparan este saqueo como tantos otros que forman parte del amplio arsenal de la dirigencia política contemporánea.
Cuando el impuesto impacta sobre los emprendedores y profesionales, todo resulta perfecto, normal y razonable. Para cierto sector mayoritario de la comunidad, los ricos y cualquiera que tenga algo de dinero, es culpable de su eventual éxito y por eso deben ser castigados con elevados impuestos.
Parece que la conciencia tributaria que tanto mencionan algunos ciudadanos solo es pertinente para los que disponen de bienes. Cuando la voracidad fiscal, que ellos mismos alimentaron con sus ideas, les toca la puerta, sobrevienen las protestas y luego las huelgas como esta última.
Es que si los ciudadanos admiten que el impuesto es intrínsecamente bueno y que el Estado debe tener la potestad de utilizar este mecanismo para beneficio de todos, quitando a unos para redistribuir a otros, es allí justamente donde empieza el problema y se valida la inmoralidad presente.
No se puede por un lado defender esa atribución y luego quejarse cuando esa discrecionalidad se vuelve en su contra de un modo personal e intransferible, afectando su nivel de vida, su crecimiento y sobre todo, cuando esa herramienta que parecía buena, se convierte en la mayor amenaza al arrebatarle una porción importante del fruto de su trabajo.
La sociedad tiene mucho que revisar. No se debe justificar a los gobernantes, pero ellos solo hacen lo que una ciudadanía irresponsable, envidiosa y bastante resentida, les permite con su retórica infantil y la defensa de convicciones incorrectas e ineficaces.
Es tiempo de llamar a las cosas por su nombre. Los impuestos son esencialmente malos. En todo caso, en la sociedad actual que se estructura sobre determinados parámetros, se puede admitir a regañadientes su existencia, pero bajo la concepción de que deben ser pocos y reducidos.
Se supone que los impuestos deben financiar la actividad del Estado, pero solo la indispensable y de un modo austero. Sin embargo, eso no es lo que sucede a diario. La sociedad desea un Estado grande, que se ocupe de TODO. Eso tiene un correlato esperable. Para solventar esa "fiesta" no solo se precisan muchos impuestos, sino que estos deberán ser elevados y cuando ya no alcance se agregarán como fuente inagotable de recursos el endeudamiento estatal y la emisión monetaria descontrolada, esa que produce una inflación que también espanta.
El presente es solo la consecuencia inexorable del conjunto de creencias que sostiene una sociedad. Si se acepta moralmente la idea de un Estado gigante, ese delirio siempre vendrá de la mano de muchos y altos impuestos, como estos contra los cuales hoy la gente despotrica. El impuesto a las ganancias está plagado de paradojas. Suficiente motivo para cuestionarse uno a uno, todos los aspectos que rodean al asunto. No hacerlo, sería otro síntoma de escasa inteligencia.
Alberto Medina Méndez
albertomedinamendez@gmail.com
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