Autor: Guillermo V. Lascano Quintana
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Estos dos códigos son un conjunto de normas legales que regulan la vida de los habitantes de nuestro país. Son disposiciones sobre las personas desde que son concebidas, hasta su muerte. Todas las etapas de la vida están en sus artículos: nacimiento, matrimonio, adopción, contratos, testamentos, propiedades, alimentos, sociedades, entre otros temas; todo con sus permisos, con sus prohibiciones y consecuencias. Se trata, entonces, como puede advertirlo cualquiera, de leyes de envergadura que requieren ser estudiadas y analizadas en profundidad procurando con ello aclarar oscuridades, lograr consensos en tópicos discutibles y sobre todo asegurar que sus disposiciones no vulneren o amenacen derechos de los ciudadanos, de raíz constitucional o afecten convicciones arraigadas.
En nuestro país, desde hace más de un siglo, se trata de dos cuerpos legales separados y distintos. Ahora se pretende su unificación, por razones poco comprensibles para el común de la gente, que es para quienes se sancionan las leyes, cuestión que muchos gobernantes olvidan. La “democracia delegativa” de este gobierno populista y demagogo, en la que estamos inmersos, no puede aceptar que quienes eligen a los legisladores, es decir los ciudadanos, merecen respeto e información.
El proyecto que está en el Congreso fue elaborado inicialmente por tres abogados, dos de los cuales son miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Primer comentario de un ciudadano común: ¿Cómo puede ser que los jueces de la Corte, que tienen tanto trabajo atrasado y no deben adelantar opinión sobre temas que pueden caer bajo su jurisdicción, estén habilitados y tengan tiempo para proyectar nada distinto de sus decisiones judiciales?
El texto así elaborado fue sometido –según se dice- a la consulta de numerosas personas y asociaciones que, aparentemente, emitieron opinión e hicieron, comentarios, ignorándose si fueron considerados. Segundo comentario de un ciudadano común: ¿El proyecto que está en el Congreso recogió las observaciones y comentarios? En todo caso ¿Dónde están publicadas esas observaciones y comentarios? Y ¿Quiénes las hicieron?
A algunos nos llama la atención que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que juntos agrupan a una gran cantidad de abogados, hayan manifestado su fastidio por la casi nula discusión del proyecto, sobre todo teniendo en cuenta que por su experiencia y compromiso profesional, serán quienes se ocupen, principalmente, de la aplicación e interpretación del eventual nuevo código.
En teoría, en un sistema republicano y democrático como el que rige en nuestro país, con las garantías constitucionales sobre la libertad y la propiedad, hay que interferir la menos posible en la actividad humana y dejar que los ciudadanos generen ideas, trabajen, inviertan, lucren. Naturalmente las leyes deben buscar el bien común y el interés general, pero sin intervenir más de lo indispensable en la vida de la sociedad.
¿Es indispensable, en nuestro país, con los problemas enormes que tiene, ponerse a reformar códigos que rigen hace tanto tiempo, sobre todo sin un debate abierto y profundo, sin límites en el tiempo?
Otra pregunta de profano ¿Qué dificultades insalvables ha generado la aplicación de los códigos cuya reforma y unificación se pretende? Me atrevo a decir que ninguna. La labor de jueces y abogados ha permitido subsanar cualquier cuestión de transcendencia e importancia social. Solo a título de ejemplo recuerdo que el divorcio vincular inexistente en las leyes, fue admitido por decisión judicial.
En cambio hay otras áreas de la vida política argentina que si requieren la urgente intervención de las autoridades y de los legisladores, pero sobre ello no se habla o se generan discusiones sin sentido. A título de ejemplo la cuestión del trafico de drogas, que está ahora mismo, en el debate público. O el sistema carcelario, también en medio del debate público. Estas dos cuestiones merecen la urgente y preferente atención de las autoridades. No se trata de temas de la envergadura intelectual o académica que se presume en el caso de la unificación de los códigos, pero sí de mucha más urgencia y trascendencia.
El gobierno de mentirosos, populistas y vengativos “revolucionarios”, recientemente derrotados en toda la línea, intenta sumar alguna adhesión si logra sancionar la unificación de los códigos y presentarlo como algo trascendental. ¡Puras macanas! Con los códigos vigentes podemos seguir viviendo otros cien años y lo mas bien A los ciudadanos todo lo que les espera, si sanciona la ley, son complicaciones y gastos.
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