El que apuesta al dólar ahora es terrorista
Fuente: Boletín Atlas 1853
A mediados de 1981, en pleno gobierno militar, el ministro de Economía Lorenzo Sigaut popularizó una frase que quedó grabada en la memoria de los argentinos: "El que apuesta al dólar, pierde". Los meses que siguieron a esa aseveración demostraron que no fue así, a la luz de la fuerte devaluación del peso que sobrevendría y destruiría los ahorros de muchas familias. El gobierno de Cristina Kirchner parecería estar protagonizando un "revival" de aquellos tiempos, intentando infructuosamente convencer a inversores y simples ciudadanos de que desprenderse de pesos argentinos para comprar dólares es un muy mal negocio.
Poco después de ganar las elecciones presidenciales de 2011, acosado por una corrida cambiaria y por la fuga de divisas, el gobierno cristinista inició una ardua campaña para persuadir sin éxito a la población de que dejara de ver al dólar como una buena alternativa de inversión. A fines de octubre de ese año, el vicepresidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce, sentenció: "El que compra dólares con el sueldo o la jubilación, hace mal negocio". Y pocos días después, el 5 de noviembre de ese año, el por entonces ministro de Economía, Amado Boudou, afirmó que "ahorrar en dólares es una mala idea". En esos días, un dólar se podía adquirir a alrededor de 4,27 pesos, aproximadamente la mitad de lo que cuesta hoy en el mercado informal.
La presidenta de la Nación fue más allá cuando en junio del año pasado, en momentos en que ya regía el cepo cambiario, con la idea de desdolarizar la cultura del ahorro de los argentinos, anunció que vendería sus ahorros personales en moneda extranjera, unos tres millones de dólares, para constituir un plazo fijo en pesos. Por entonces, el tipo de cambio oficial se ubicaba en 4,49 pesos, aunque ya el dólar paralelo se acercaba a los 6 pesos.
Más recientemente, el diputado nacional kirchnerista Roberto Feletti, cuando el dólar marginal volaba hacia 8,75 pesos, expresó: "No hay que preocuparse por el dólar paralelo".
Como señala el especialista en inversiones Federico Tessore, "siempre, sin excepción en la historia argentina, cuando un funcionario afín al Gobierno dice algo así, termina ocurriendo lo contrario".
La suba del dólar producida la semana pasada provocó un hecho al que no estamos acostumbrados: la Presidenta convocó a una reunión a todas sus espadas económicas, entre ellas a Hernán Lorenzino, a Axel Kicillof, a Mercedes Marcó del Pont, a Guillermo Moreno y a Ricardo Echegaray.
A la luz de los movimientos de los funcionarios al cabo de ese encuentro, lo que se decidió fue volver a empuñar las teorías conspirativas. Fruto de este debate, se habría decidido actuar contra aquellos productores agropecuarios que prefieran diferir la venta de su cosecha de soja a la espera de mejores condiciones cambiarias. Y, por añadidura, se resolvió sacar a relucir la ley antiterrorista, sancionada a fines de 2011, para amenazar a los productores sojeros que se resistan a vender, demorando el ingreso de dólares al país.
Estimaciones privadas dan cuenta de que las exportaciones de soja podrían generar un ingreso de unos 25.600 millones de dólares este año, de los cuales casi 9000 millones quedarían para el Estado nacional, en concepto de retenciones.
El problema para los exportadores es que los dólares que reciban serán tomados al tipo de cambio oficial, de aproximadamente 5,12 pesos, a lo cual deberá restársele el 35% de retención, lo que equivaldría a recibir apenas algo menos de 3,33 pesos por cada dólar, bastante menos de la mitad de la cotización del dólar paralelo. Esta situación está haciendo cundir entre no pocos productores la idea de guardar su cosecha en silobolsas todo lo posible, hasta que la situación cambiaria cambie o hasta que se vean forzados a desprenderse de ella progresivamente para ir afrontando futuros costos.
De ahí que desde el Gobierno se haya dejado trascender la posibilidad de obligarlos a liquidar la cosecha, empleando, de manera harto cuestionable, la ley antiterrorista, que modificó el artículo 41 del Código Penal, estableciendo que cuando alguno de los delitos previstos allí hubiere sido cometido "con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo", la escala de penas se incrementará en el doble del mínimo y el máximo.
Al margen de las críticas que en casi todo el arco político opositor mereció esta posibilidad, constitucionalistas como Gregorio Badeni consideraron que la ley antiterrorista sería inaplicable para el fin que pretendería darle el Gobierno.
"No hay delito alguno en el hecho de que quien produce un bien quiera esperar el momento más oportuno para venderlo, con el fin de preservar su patrimonio", explicó Badeni, para quien esa actitud hace al derecho de propiedad.
Lo cierto es que la amenaza insinuada por el Gobierno, que para muchos es más una acción psicológica que una probable medida concreta, trae a la memoria algunas frases que, en medio del proceso electoral que le dio la reelección a Cristina Kirchner, encendieron señales de alarma. Como la de Feletti, cuando expresó que, con el triunfo de la Presidenta, el populismo "no tendría límites" para "apropiarse de la renta". O la del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, quien advirtió que la ley antiterrorista podría ser utilizada hasta contra medios periodísticos que pudieran inducir a golpes de mercado.
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