Erena Calvo | Rabat 01/11/2011
Cumplirán un año en prisión la próxima semana y desde que fueran encarcelados están a la espera de juicio militar en el penal de Salé, a pocos kilómetros de Rabat. Son el último grupo que sigue entre rejas tras el desmantelamiento del campamento de protesta de Gdeim Izik, en el que se produjeron 200 detenidos. Y se les acusa de crímenes contra las fuerzas del orden.
Anoche iniciaron una huelga de hambre abierta para protestar por su situación y exigir su liberación o un juicio justo, así como que sus derechos sean respetados dentro de la cárcel. Por su deteriorado estado de salud, cuatro de ellos no la secundarán, según ha explicado esta mañana en la sede de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), Mustafa El Machdroufi, portavoz de los familiares de los presos.
"No es su primera huelga de hambre, pero sí la primera indefinida; han tomado esta decisión porque hasta ahora lo único que han arrancado de la dirección de la penitenciaria son promesas incumplidas", ha señalado El Machdroufi al tiempo que precisaba que ya han protagonizado otras tres protestas en la cárcel desde el pasado mayo.
El campamento de protesta saharaui se levantó a mediados de septiembre del año pasado en El Aaiún, capital administrativa del Sáhara Occidental, y fue desmantelado a la fuerza el 8 de noviembre. Allí convivían más de 25.000 saharauis llegados de distintos puntos del territorio, Marruecos e incluso de países como España, en 7.500 jaimas. Sus reivindicaciones eran socioeconómicas, aunque muchos de sus habitantes no escondían sus vínculos con la causa saharaui y las reivindicaciones independentistas.
Este conflicto -según las autoridades marroquíes- dejó tras de sí 13 muertes, de las que 11 formaban parte de los cuerpos de seguridad del Estado. "Fueron detenidos por su militancia; ocho de ellos formaban parte del comité de organización del campamento o del de negociación con las autoridades marroquíes", ha continuado El Machdroufi.
La presidenta de la AMDH, Jadiya Riadi, ha recordado que en diciembre pasado presentaron junto a otras asociaciones marroquíes un dossier sobre el desmantelamiento del conocido también como campamento de la dignidad en el que se ponían de manifiesto determinadas violaciones de los derechos humanos "y torturas a algunos prisioneros saharauis".
Juzgados por la vía militar
Riadi ha criticado que vayan a ser juzgados por la vía militar. "Son civiles y precisan de un juicio justo y civil; además llevan un año sin proceso, en contra de la Ley marroquí". Respecto a este punto, Nouredine Dalile, abogado de los saharauis de Gdeim Izik, ha precisado que el juez de instrucción no ha terminado todavía con la investigación.
"Algunos de los presos se encuentran en mal estado de salud, pero no reciben siempre los cuidados que requieren", ha indicado Riadi, quien ha explicado que desde la AMDH se remitió una misiva a la dirección de prisiones en Marruecos para hacer constar estas carencias, "y la respuesta que obtuvimos es que sí que se les están suministrando los medicamentos necesarios" y que se están respetando sus derechos.
El Colectivo de Defensores Saharauis de Derechos Humanos (Codesa) –que preside la activista Aminatu Haidar- denunció recientemente que los presos "son víctimas de malos tratos por parte de la dirección del penal". Codesa los califica de "presos políticos" y considera que su proceso se caracteriza por "la ausencia total de garantías".
En octubre de 2009 fueron detenidos otros siete saharauis tras viajar a los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) y acusados de traición a la patria y de atentar contra la seguridad del Estado. Fueron derivados también a la cárcel de Salé y a la jurisdicción militar, aunque meses después su caso pasó a los tribunales civiles. Fueron liberados condicionalmente por etapas y tres de ellos pasaron entre rejas un año y medio.
Marruecos y el Frente Polisario se disputan el territorio del Sahara Occidental desde que en 1975 España abandonara a su ex colonia. En el seno de Naciones Unidas (ONU), el reino alauí defiende para la zona un Plan de Autonomía mientras que el Polisario quiere hacer valer el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y la celebración de un referéndum en el que puedan elegir libremente su destino.
Cumplirán un año en prisión la próxima semana y desde que fueran encarcelados están a la espera de juicio militar en el penal de Salé, a pocos kilómetros de Rabat. Son el último grupo que sigue entre rejas tras el desmantelamiento del campamento de protesta de Gdeim Izik, en el que se produjeron 200 detenidos. Y se les acusa de crímenes contra las fuerzas del orden.
Anoche iniciaron una huelga de hambre abierta para protestar por su situación y exigir su liberación o un juicio justo, así como que sus derechos sean respetados dentro de la cárcel. Por su deteriorado estado de salud, cuatro de ellos no la secundarán, según ha explicado esta mañana en la sede de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), Mustafa El Machdroufi, portavoz de los familiares de los presos.
"No es su primera huelga de hambre, pero sí la primera indefinida; han tomado esta decisión porque hasta ahora lo único que han arrancado de la dirección de la penitenciaria son promesas incumplidas", ha señalado El Machdroufi al tiempo que precisaba que ya han protagonizado otras tres protestas en la cárcel desde el pasado mayo.
El campamento de protesta saharaui se levantó a mediados de septiembre del año pasado en El Aaiún, capital administrativa del Sáhara Occidental, y fue desmantelado a la fuerza el 8 de noviembre. Allí convivían más de 25.000 saharauis llegados de distintos puntos del territorio, Marruecos e incluso de países como España, en 7.500 jaimas. Sus reivindicaciones eran socioeconómicas, aunque muchos de sus habitantes no escondían sus vínculos con la causa saharaui y las reivindicaciones independentistas.
Este conflicto -según las autoridades marroquíes- dejó tras de sí 13 muertes, de las que 11 formaban parte de los cuerpos de seguridad del Estado. "Fueron detenidos por su militancia; ocho de ellos formaban parte del comité de organización del campamento o del de negociación con las autoridades marroquíes", ha continuado El Machdroufi.
La presidenta de la AMDH, Jadiya Riadi, ha recordado que en diciembre pasado presentaron junto a otras asociaciones marroquíes un dossier sobre el desmantelamiento del conocido también como campamento de la dignidad en el que se ponían de manifiesto determinadas violaciones de los derechos humanos "y torturas a algunos prisioneros saharauis".
Juzgados por la vía militar
Riadi ha criticado que vayan a ser juzgados por la vía militar. "Son civiles y precisan de un juicio justo y civil; además llevan un año sin proceso, en contra de la Ley marroquí". Respecto a este punto, Nouredine Dalile, abogado de los saharauis de Gdeim Izik, ha precisado que el juez de instrucción no ha terminado todavía con la investigación.
"Algunos de los presos se encuentran en mal estado de salud, pero no reciben siempre los cuidados que requieren", ha indicado Riadi, quien ha explicado que desde la AMDH se remitió una misiva a la dirección de prisiones en Marruecos para hacer constar estas carencias, "y la respuesta que obtuvimos es que sí que se les están suministrando los medicamentos necesarios" y que se están respetando sus derechos.
El Colectivo de Defensores Saharauis de Derechos Humanos (Codesa) –que preside la activista Aminatu Haidar- denunció recientemente que los presos "son víctimas de malos tratos por parte de la dirección del penal". Codesa los califica de "presos políticos" y considera que su proceso se caracteriza por "la ausencia total de garantías".
En octubre de 2009 fueron detenidos otros siete saharauis tras viajar a los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) y acusados de traición a la patria y de atentar contra la seguridad del Estado. Fueron derivados también a la cárcel de Salé y a la jurisdicción militar, aunque meses después su caso pasó a los tribunales civiles. Fueron liberados condicionalmente por etapas y tres de ellos pasaron entre rejas un año y medio.
Marruecos y el Frente Polisario se disputan el territorio del Sahara Occidental desde que en 1975 España abandonara a su ex colonia. En el seno de Naciones Unidas (ONU), el reino alauí defiende para la zona un Plan de Autonomía mientras que el Polisario quiere hacer valer el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y la celebración de un referéndum en el que puedan elegir libremente su destino.
Enviado por Emiliano.
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