Enviado por Guillermo Andreau
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Llegamos al fin del año 2010, año de Bicentenario de la Revolución de Mayo. A diferencia de los escasos, grises e insustanciales festejos con que se ha conmemorado el doble centenario del nacimiento de una “nueva y gloriosa nación”, arribamos al umbral del 2011 en medio de incendiarios acontecimientos con epicentro en la Capital y el Gran Buenos Aires.
Gracias a nuestro derecho positivo – la ley denominada Código Civil que establece el sistema de acceso a la tierra con más el casi centenar de leyes impositivas nacionales castigando al trabajo y la inversión - hemos conseguido escamotear los ideales declarados en la Constitución Nacional y arruinar al país. Está a la vista.
Por efecto de ambos sistemas de leyes, el 85% de nuestra población vive en menos del 1% de nuestro territorio. El 99% de las más ubérrimas tierras del mundo, siguen, en su mayor parte, tan despobladas como en los días de la Revolución de Mayo.
Con el correr del siglo ambas leyes han frustrado al ideario de la Revolución de Mayo y cancelado los derechos y garantías de la Constitución. En el 2010 La Argentina ya no es tierra de promisión “para todos los hombres del mundo que deseen habitarla”. Ni siquiera lo es para todos los que hoy la habitan.
Los canales de televisión, las crónicas y las fotos en los periódicos parecen mostrar una guerra social interna. Asaltos y asesinatos, son sus efectos colaterales. Esta vez el crónico proceso de convulsión se inició el Miércoles 9 de diciembre con multitudinarias usurpaciones. Miles de familias ocuparon el parque público Indo americano en “Villa Soldati”. Tras ésta, cada día siguiente, tuvo su propia usurpación. En la Ciudad, en el Gran Buenos Aires y otras del país. En vísperas de la más cristiana de las festividades, el infierno emergió en la plaza de Constitución.
Esta serie de hechos se agrava por otra circunstancia: la conducta de funcionarios locales y nacionales acusándose entre sí. Como si lo ocurrido fuera una artera maniobra planeada por el otro. Este bajo proceder acredita una pobre conducta pública y revela ignorancia sobre las raíces problema: la pésima distribución de la población sobre el territorio argentino.
La causa del hacinamiento y la emergencia de legiones de personas “sin tierra”, en un país geográficamente vacío, se encuentra en su legislación. El Código Civil y el régimen de impuestos.
Para que el lector tome conciencia de la gravedad del problema haga este simple cálculo. Si nuestro país estuviera poblado con una densidad semejante a la de los más prósperos de Europa (unos 100 h/km2). la población argentina debiera ser de ¡280.000.000 de habitantes! Cifra próxima a la población de Estados Unidos de Norteamérica. La semejanza de la geografía de ambos países dice claramente que esta no es una suposición de fantasía. Es la prueba de un frustración argentina.
Esa sería nuestra población de haberse mantenido el “flujo inmigratorio” ocurrido entre 1860 y 1910. Pero según el censo hecho en el Bicentenario somos apenas 40 millones. La cancelación de la inmigración en un mundo en constante movimiento de personas, es la primera cuestión a explicar por los economistas y académicos. Deben hacerlo examinando aquel conjunto de leyes: el Código Civil y las leyes de impuestos.
Es evidente que el cese de la corriente inmigratoria no se debió a causas naturales, a la “falta de tierra”. El muro impidió concretar la consigna “gobernar es poblar”, no es de cal y canto. Es legal. En principio el Código Civil) iguala al suelo a las “mercaderías”. Esta peligrosa igualación dio paso al desorden social actual cuando en 1932 se estableció el régimen de impuestos. Este régimen de impuestos se funda en este principio: “todo aquel que trabaje, produzca, ahorre y consuma, será castigado. Quien especule con la tierra será premiado”.
¿Cómo asombrarse del horrible hacinamiento? ¿Cómo asombrarse de la continua emergencia de “campos de concentración” de pobres? ¿Cómo no condolerse frente al hecho que con el fruto del trabajo una familia no puede pagar un módico alquiler? ¿Cómo explicar la constante quiebra de las empresas argentinas que no gocen de “privilegios” y “monopolios”? Es inútil y perjudicial seguir buscando en la idiosincrasia nacional y en cosas por el estilo las raíces de nuestro desorden social .
La inteligencia argentina, dentro y fuera del poder político no debe seguir desatenta al problema básico de la “constitución real” del orden económico argentino. El continuo proceso de la emergencia de chozas construidas con trapos, chapa y cartón a la vera de las vías de ferrocarril, de las calles y los baldíos, no es un “problema de la vivienda”. Es un problema generado por el ordenamiento legal. Un ordenamiento que arruina a la sociedad y la vida de todos sus habitantes.
No hace falta ser ilustrado para entender esta cuestión básica. En uno de los noticieros de la televisión una mujer sencilla, en la puerta de su miserable tapera, levantada junto a al muro del Club Albariños, seguramente analfabeta, con ojos opacados por las lagrimas, decía: “¡No queremos subsidios, no queremos planes trabajar, queremos un pedazo de tierra en que podamos cuidar a nuestros hijos!” Nunca he oído de modo tan claro expresar el problema. Tiene razón el Martín Fierro cuando nos dice que “mejor que saber mucho es saber cosas buenas”
Ojalá la luz navideña ilumine las cabezas, sensibilice los corazones y anime su voluntad de los dirigentes para poner corregir ese “desorden legal” y poner en vigencia el derecho que necesitamos para que reine la paz social.
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2010.
http://elrelativismojuridico.blogspot.com/
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